Anteriormente la fiscal Loyola había promovido acción penal también contra los escribanos Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar y Cecilia Pérez de la Fuente en una causa caratulada como “peculado”, tras conocerse que los notarios habían actuado y dado fe de la operaciones inmobiliarias en las que intervino el IPDUV (Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda), la empresa Estancia El Carmen, constituída por familiares del ex Gobernador Romero e inversores extranjeros y una sociedad anónima de nombre Dash creada por Néstor Adrián Dousset Zamora y su esposa María Noel Blousson.

La causa por “peculado” fue girada a juez de instrucción formal de 4ta. nominación, Antonio Pastrana que se declaró incompetente para actuar en la misma argumentando que tomó en cuenta las fechas en las que se habría cometido el supuesto “peculado”y no la fecha que ingresó la denuncia a la Justicia. Frente a esa situación giró las actuaciones impulsadas por la fiscal al juez de instrucción de 5ta. nominación, Pablo Arancibia.

También el juez Arancibia se apartó de la causa y devolvió las actuaciones al juez Pastrana, quien de insistir en su incompetencia podría motivar la intervención de la Corte de Justicia de Salta.

Sin embargo hasta que el máximo tribunal provincial se pronuncie, el juez Pastrana debería comenzar a instruir la causa y tomar las medidas procesales que correspondan.