Esta es una de las siete acusaciones penales que pesan en contra de Romero por el escándalo de la apropiación de tierras durante su gestión como gobernador, trama que saltó a la luz con el caso de La Ciénaga, causa que también está en manos del juez Pastrana y que gira en torno a la venta de 90 hectáreas que terminaron en las arcas de los Romero, como otras tantas propiedades más que pasaron del estado provincial a la sociedad privada Estancia El Carmen, cuya presidencia es ocupada por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador.

El archivo

Pastrana ordenó el archivo del expediente el 23 de junio pasado, mientras que el 1 de este mes la fiscal Liliana Jorge apeló esa decisión y ahora el caso deberá ir a manos de los jueces de la Cámara de Acusación, quienes tendrán que dirimir la diferencia entre el magistrado y la fiscal penal.

La acusación en cuestión le endilgaba a Romero el hecho de haber usado la información de la nueva traza de la Autopista de Circunvalación Oeste para a través de terceros hacerse de determinadas tierras que, posteriormente, iban a triplicar su valor por su cercanía con la obra vial.

Segun se supo, Pastrana, sin investigar a fondo el caso y siguiendo los fundamentos aportados por la abogada Andrea Astudillo Rizzi, defensora de Romero, ordenó archivar la investigación, la cual primeramente encuadró como una información sumaria, según el artículo 185 del Código Procesal Penal de la Provincia dirigido para los casos en los legisladores provinciales son acusados penalmente, actitud que tomaron todos los jueces que tratan de evitar algún enfrentamiento con el ex gobernador.

La apelación

En su apelación, la fiscal reprochó el hecho de que Pastrana haya decidido el archivo del expediente en función de que no había méritos para seguir investigando a Romero, puesto que para la representante del Ministerio Público si lo hay. Jorge reclamó en primer lugar la actitud del juez de separar a Romero e investigar la acusación en su contra como si se tratara de un sumario administrativo, pese a que los delitos y las pruebas en su contra son contundentes y conocidas por los salteños.

La fiscal adujo que Romero está bajo la Ley de Fueros Nacional (25.320), cuyo primer artículo establece que los legisladores nacionales deben ser encausados por la justicia provincia cuando sean acusados penalmente, sin embargo, Pastrana, optó por encuadras las acusaciones contra Romero como si éste se tratara de un legislador provincial, cuando en realidad es senador nacional.

La fiscal le recordó al juez que en la promoción penal por este supuesto delito quedó bien en claro que de tramitarse la investigación se la debía hacer de manera conjunta al expediente por el cual en el caso de La Ciénaga, Romero viene acusado ya que la conducta desplegada por el ex gobernador forma parte del resultado final que fue la apropiación sistemática de tierras que hoy, lejos de ser de la provincia, forman parte de los bienes de la familia Romero de manera exclusiva.

Jorge le recordó en su apelación a Pastrana que este criterio, el de no separar las causas, fue aceptado por el juez Martín Pérez del Juzgado de Instrucción Formal 1, por lo que llama la atención de que sin justificación alguna haya cambiado de parecer al punto de separar las dos acusaciones penales.

Acusaciones separadas

Pese a que Pastrana decidió separar las acusaciones, al momento de fundar los considerando de su resolución de archivo, valoró la compra de las tierras de La Ciénaga, lo que da a entender que volvió sobre sus propios pasos a fin de favorecer a Romero. Al respecto, la fiscal sostuvo que el juez avasalló con su fallo el principio de congruencia exigido en materia de investigación, ya que el análisis parcial de las pruebas no funda razón.

En otro de los puntos reprochados por la fiscal, ésta se refiere al carácter de reservado de los datos o informaciones de las que se valieron Romero y Oviedo. Si bien el juez adujo que se trataron de actuaciones y documentación pública, lo cierto es que la preparación de estos documentos fue reservada en sus inicios hasta febrero del año 2001, cuando se conoce el decreto considerado punto de partida de la construcción de la autopista.

Sobre ello, Jorge sostuvo que "debe claramente expresarse que si bien el decreto referido resultó publicado en el Boletín Oficial, los expedientes efectuados en consecuencia del mismo, las decisiones que en ellos se fueron tomando, los actos de impulso directamente dados por el propio Juan Carlos Romero, no lo fueron. Con lo que prima facie nos encontramos frente a la figura referida".

Sobre algunos de estos actos, la fiscal remarcó uno en particular. El mismo da cuenta de un planteo hecho por el entonces interventor de Vialidad provincial, el 27 de octubre del año 2003, cuando le informa al Secretario de Obras Públicas, ingeniero Hugo de la Fuente, que dado que el nuevo trazado de la autopista estaba demorado había decidido afectar al personal en trabajos de la ruta 23, en el tramo de Cerrillos y Rosario de Lerma.

Orden del gobernador

En respuesta a esto, De la Fuente le contestó al interventor de Vialidad lo siguiente: "Sr. Interventor: lo ordenado por el Señor Gobernador es definir el trazado de la Circunvalación Oeste. La desobediencia será considerada falta grave oponerse a la ordena impartida". Para la fiscal esta nota es una prueba de que Romero estaba apurado porque la nueva traza se definiera rápido, a lo que se suma el hecho de que varias de las operaciones inmobiliarias que llevo adelante, ya sea a través de Prados SA. Dinarco o Estancia El Carmen, fueron en ese mismo año 2003.

En su apelación, Jorge hace un detallado recorrido de cada una de los ocho terrenos que el ex gobernador compró a través de las tres sociedades antes mencionadas y que, casualmente, están ubicadas a la vera de la Autopista de Circunvalación Oeste, cuyo nuevo trazado en sus inicios sólo era conocido por Romero y Oviedo, quienes llevaron adelante la maniobra fraudulenta.