El funcionario defendió la actuación cumplida en una causa judicial.
Los funcionarios respondieron a la denuncia penal formulada por los peronistas disidentes Oscar López y Enrique Romero. Según estos, fueron transferidos fondos a dos particulares, por $ 160.000 y $ 270.000, sin que mediara un decreto del gobernador, José Alperovich, y sin que se haya dado intervención al Tribunal de Cuentas.
Giudice y Domínguez se pronunciaron con contundencia: "tratándose de una deuda judicial y de pagos de sumas de dinero embargadas por los jueces no corresponde la emisión de decretos por parte del gobernador que autoricen pago alguno ni intervención del Tribunal de Cuentas. En estos casos, los cálculos y la instrumentación del pago se realizan ante el Poder Judicial con el máximo de garantías".
Asimismo, los funcionarios recordaron que en la causa hay sentencia desde el 31 de diciembre de 2003, así como deuda liquidada judicialmente desde 2006, que, por ser consolidada, debía pagarse con títulos públicos. "Por eso, la Provincia fue intimada en marzo de 2007 y, en una audiencia celebrada en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, se comprometió al pago con títulos en el plazo de 90 días. Ante la imposibilidad de cumplir en término, hubo intimaciones y sanciones pecuniarias al gobernador. Asimismo, en octubre de 2009 la Cámara ordenó el embargo de títulos por las sumas que correspondían a los demandantes", destacaron.

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