al como había sucedido en otras provincias donde se intentó imponerlas como herramientas para la prevención del delito, la posibilidad de que la Policía de Tucumán cuente con pistolas eléctricas "Taser" generó rechazo entre militantes de los derechos humanos.

Sucede que estas armas no letales fueron calificadas por organismos como Amnistía Internacional y la ONU como instrumentos represivos y de tortura, palabras que en nuestro país, que sufrió los horrores de la dictadura militar, nadie quiere ni siquiera escuchar.

En este sentido, desde la agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS-Regional Tucumán) rechazaron la posible utilización de las pistolas Taser por parte de la Policía, como anunció a fines de la semana pasada el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer.

A la hora de justificar esa medida, el funcionario había asegurado, entre otras cosas, que se trata de armas "que producen efectos graves en las personas" y que "tienen muy buenos resultados para el caso de concentraciones masivas".

A propósito, desde hijos advirtieron que esas declaraciones "constituyen una clara identificación discriminatoria y criminalizante de la protesta".

Mediante un comunicado difundido ayer, el organismo defensor de los Derechos Humanos consideró que "Tucumán se introduce con esta noticia en una nefasta política de mano dura que tiene como único objetivo establecer medidas que otorguen vía libre a la autoridad policial para la represión y la tortura".

Como en la dictadura

Desde HIJOS apuntaron que "el uso de esta clase de armas nos remonta sin escalas a la dictadura y a sus prácticas de tortura, historia que no desconocen las autoridades que quieren implementarlas".

En este sentido, hicieron notar su preocupación debido a que "mientras hoy en Tucumán se lleva a cabo el juicio oral y público de la Mega Causa por los centros clandestinos de detención y exterminio 'Jefatura II y Arsenal Miguel de Azcuénaga', en cuyas jornadas los testigos han dado cuenta del horror vivido en ellos, donde el uso de la picana eléctrica era generalizado y reinaba entre otros mecanismos de tortura, el Ministerio de Seguridad anuncia que la policía de Tucumán utilizara las armas Taser porque 'tienen buenos resultados para casos de concentraciones masivas y no producen efectos graves en las personas'".

En idéntico tono HIJOS planteó que "mientras hoy en Tucumán los jóvenes universitarios reflexionan desde la tomas de las Facultades de Filosofía y Letras y Psicología, lo que significa la seguridad, por la agresión a dos compañeras, y proponen más presupuesto para la prevención, asistencia y refugio de las víctimas, la policía de Tucumán se prepara para aprender a electrocutar a las personas".

A propósito de la lucha estudiantil, recordaron que "los jóvenes ya han declarado que no quieren más policías, ni cámaras, sino soluciones de base. Las que se relacionan directamente con la inversión para más educación, más trabajo y mejor salud", indicaron.

Jurisprudencia

Por otro lado, HIJOS resaltó que "las autoridades pasan por alto que ya existe jurisprudencia que condena el uso de estas armas. Así, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de fallar sobre la utilización de estas armas por la policía metropolitana, destacó que el caso 'debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado'", precisaron.

Para la agrupación de los Derechos Humanos, "es extremadamente grave que la seguridad que se planifica desde este Ministerio, tenga como blanco principal a las personas que participen en concentraciones masivas, lo que refuerza una idea de criminalización de la protesta y alienta a los efectivos policiales a enfrentarse con civiles en manifestaciones".

A continuación, desde HIJOS afirmaron que "no es cierto que estas armas no sean letales. Ya ha quedado comprobado con cientos de muertes en otras partes del mundo, que las Taser torturan y matan, sin dejar de mencionar que la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial favoreciendo situaciones de abuso", argumentaron.

Por último, consideraron que "esta no es una respuesta a los problemas de seguridad; esta es una forma de legalizar la tortura, lo que rechazamos enérgicamente y por lo que exigimos que las autoridades detengan la implementación de este mecanismo que significa un gran retroceso en materia de derechos humanos y no soluciona ningún problema de seguridad ciudadana", reclamaron desde HIJOS.