Un grupo de organizaciones llevará las rúbricas a la Legislatura y forzará así el tratamiento del proyecto de ley contra la energía atómica. Es para frenar la extensión de la vida útil de la central de Embalse
Las organizaciones y un grupo de legisladores de la oposición usaron la ley 7.811 que regula las iniciativas populares. Con las firmas del 0,8 por ciento del padrón, se puede forzar el tratamiento de un proyecto (en este caso se superó el piso establecido). De acuerdo a esa normativa, en el término de 180 días los legisladores deberán obligatoriamente darle tratamiento al proyecto.
La presentación se hará en horas del mediodía en la presidencia de la Legislatura.
Si el proyecto es finalmente aprobado, no podría desarrollarse ninguna actividad nuclear en la provincia para la generación de energía. Además, se prohibiría el traslado de material radiactivo y la creación de basureros nucleares.
“Originalmente, armamos una red de organizaciones para debatir la extensión de la vida útil de la Central de Embalse, una situación que genera preocupación. Además, los cordobeses no fueron consultados por una decisión que los afecta directamente.
Ahora, la Legislatura estará obligada a tratar este tema. Decidimos salir a recolectar las firmas porque desde marzo el proyecto había tenido poco movimiento”, manifestó Mauro Fernández de Greenpeace.
Según Fernández, si la ley finalmente se aprueba la central nuclear de Embalse debería cerrar; no podría extender su vida útil por 30 años, tal como pretende el Gobierno nacional. “De acuerdo a las resoluciones del Gobierno nacional, la central podría mantenerse operativa en las actuales condiciones hasta abril o mayo de 2014; a partir de esa fecha sería desactivada por dos años para que le reemplacen el reactor. Lo que pedimos es que no se reactive en 2016 sino que se realicen inversiones en fuentes renovables de energía. Se obtendría la misma o más cantidad de energía de forma limpia o segura”, indicó el representante de Greenpeace.
Roberto Birri, legislador por el Frente Cívico, considera que la ley podría no ocasionar el cierre inmediato de la central. Cree que el efecto sería principalmente político y simbólico. “La primera consecuencia práctica que se generaría sería una altísima deslegitimación para la decisión del Gobierno nacional de reciclar la central nuclear. Córdoba se pondría en una posición de rechazo a esa medida del Gobierno nacional”, indicó.
Y agregó: “La provincia se colocaría al frente de un proceso de desnuclearización. En cuanto a la posibilidad de que a partir de la ley se cierre inmediatamente la central, es una cuestión a analizar. Entraríamos en un terreno jurídico de reclamo de competencia. De todos modos, el objetivo que teníamos, que era que se debatiera el tema y la gente se movilizara, se logró”.
Fernández manifestó que la movida en Córdoba logró hacer visualizar la intención del Gobierno nacional. “Estaban buscando que la extensión de la vida útil de Embalse pasara desapercibida. Esto lo pone en agenda. La gente tiene que saber que, por ejemplo en Canadá, el país de origen del reactor que se usa en Embalse, es una tecnología que se está abandonando. Esas centrales están cerrando porque son muy costosas y generan un alto peligro”, declaró.
El representante de Greenpeace además planteó que existe un mito extendido con respecto a la cantidad de energía que generan las centrales nucleares. “Durante el 2012, lo nuclear le aportó a la matriz eléctrica argentina el 4,7 por ciento del total. En otros países, como Japón, donde esa cifra llegaba al 30 por ciento, se desactivaron 53 de los 54 reactores y no tuvieron ninguna crisis energética”, declaró Fernández.
Para Birri, el debate legislativo que se abrirá en Córdoba es la oportunidad para comenzar a analizar qué tipo de energía deberá usar el país durante las próximas décadas. Una opción es continuar con el paradigma nuclear. La otra es inclinarse por fuentes renovables, seguras y limpias.

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