En el marco de la política de regularización dominial, la Provincia, a través de la Escribanía Mayor del Gobierno, llevó a cabo ayer por la mañana la firma de las escrituras por parte de los adjudicatarios de tres grupos habitacionales –las 220 viviendas, de demanda libre; las 55, del Sindicato del Personal de la Industria de la Carne; y las 30, de la Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Sociales y Crédito Limitado (Vicoer)-, construidos por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en Concepción del Uruguay.

El acto, desarrollado en el nuevo auditorio municipal Carlos María Scelzi, fue encabezado por el presidente del organismo, Alfredo Francolini, acompañado por la escribana adjunta de la Escribanía Mayor de Gobierno, Clara Gerez de Facello; y el gerente de la regional Centro-Este de la repartición, Roberto Souchetti.

Dos prioridades

En ese marco, Francolini señaló que “desde el inicio de la gestión de Gustavo Bordet, una de las tareas que el Gobierno puso en el centro de la escena fue la continuidad en la construcción de viviendas sociales y la otra fue la de escriturar los grupos habitacionales para que cada adjudicatario tuviera su título de propiedad”.

Para el titular del Iapv, “la regularización dominial representa un gran impacto para el desarrollo y el crecimiento de una comunidad y desde el gobierno provincial trabajamos ejecutando políticas inclusivas que generen mayor inversión, más trabajo y mejores condiciones de vida para los ciudadanos”.

“Esto viene a solucionar un problema de muchos años como la cantidad de viviendas que el Estado ha construido, que la gente habita pero que no tiene escrituras. Esto permite que cada una de las familias posea seguridad jurídica y la forma que tiene el Estado de darle seguridad es entregándole a cada uno su escritura”, aseguró el funcionario.

Seguridad jurídica

Por su parte, la escribana adjunta de la Escribanía Mayor de Gobierno, Clara Gerez de Facello, destacó que “el Gobierno entrerriano le ha dado un fuerte impulso para garantizar la seguridad jurídica a los habitantes de los grupos habitacionales construidos por el Iapv en el territorio entrerriano y convertirlos en propietarios de sus viviendas”.