"No tenemos intención de confrontar con nadie, sólo queremos aclarar la información inexacta que se brindó por parte de UTA (Unión Tranviarios Automotor)". Con estas palabras, la apoderada legal de la empresa Santo Cristo, Verónica Labastida Huerta, refutó datos que el sindicato había expresado en relación a una medida de fuerza de los choferes de las líneas 121 y 125. Las firmas Santo Cristo y Ciudad de Alderetes conforman la UTE (Unión Transitoria de Empresas) que brinda el servicio que une las ciudades de Banda del Río Salí y Alderetes con la capital.

Desde UTA se había informado que la empresa iba a requerir la quiebra, que tenía empleados en negro y que una nueva firma se haría cargo de los viajes desde ayer. Pero Labastida Huerta puntualizó: "la empresa no pedirá la quiebra y hasta el momento no nos notificaron sobre la revocación de ningún permiso. Asimismo, se dijo que se le deben los dos últimos meses de sueldo. Eso no es cierto, sólo se debe febrero y el atraso era de dos días. Iba a pagarse el día del reclamo, pero cuando llegamos, el edificio ya estaba tomado".

Por otro lado, la abogada opinó que la huelga fue ilegal: "no se notificó previamente a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, tal como prevén las leyes", aseveró.

A la vez, exhibió una denuncia policial que consigna que durante una asamblea gremial, uno de los socios de la empresa fue agredido, al igual que uno de los choferes que continuó cumpliendo su recorrido. "Cuando otro de los socios intervino, lo amenazaron con un arma de fuego y le dijeron que ’entregue el piso (la línea)’. Se trató de desconocidos que ingresaron en medio del tumulto", detalló.

Por último, manifestó que no fracasó la conciliación obligatoria como se había afirmado por parte del gremio, sino que sólo se frustró una reunión de conciliación. Al respecto, informó que sólo ayer la empresa requirió la intervención de la Secretaría de Trabajo.