Existen dos aspectos del financiamiento de los partidos políticos, el fondo partidario permanente que es el que reciben para sostener su funcionamiento y el que tiene que ver directamente con el financiamiento de campañas.

Sin embargo no solo resulta insuficiente, sino que aquellos partidos que gobiernan o que tienen algún tipo de relación con el poder tienen a este mismo como financiamiento principal, contrariando normas.

En la Argentina y en Formosa tenemos la desvirtuación más extrema del financiamiento de las campañas por aportantes privados y estatales. Aquí, un partido cuando llega al gobierno, y en alguna medida algunos partidos aliados, obtienen recursos del aparato estatal sin que esto sea claro, transparente ni explícito, incurriendo en operaciones ilegales que en el largo plazo afectan la legitimidad de todo el sistema político argentino.

La regulación estipulada en la ley Nº 26.215 restringe adecuadamente el uso de medios privados para las campañas, de esta manera el estado pasa a ser el encargado de ofrecer a los partidos, dinero público para gastos de propaganda.

Aún así el público observa azorado como el gobierno abusa de espacios de publicidad para posicionar sus candidatos, abusa de los canales oficiales y lo hace en cualquier momento, no solo en periodo electoral.

En el contexto de la ley de medios audiovisuales, el hecho perverso resulta de valerse de toda la estructura de medios públicos para montar un aparato de propaganda a favor de los candidatos oficialistas y una oposición con pocos recursos para comprar espacios en medios privados.

Hay problemas muy severos para que también pueda ejercerse el debido control, dado que no hay jueces federales con competencia puramente electoral. Los jueces federales como consecuencia de que controlan la corrupción, tienen relaciones muy fluidas con el poder político.

Esta superposición de funciones y competencias, las propias de los delitos federales y aquellas que se relacionan con la materia electoral, lesiona la posibilidad de un control efectivo por parte de los jueces.

Pero volviendo al financiamiento, el partido oficialista es por lo general hoy en día una estructura para-estatal, inconcebible si no es en términos del uso del aparato estatal para su subsistencia y reproducción. 

Mientras esto ocurra, las leyes sobre financiamiento, por más exitosas que resulten, estarán abordando una parte muy parcial del problema y el aparato estatal y las estructuras partidarias. 

Desde la utilización de la Subsecretaría de Comunicación Social como agencia de propaganda del gobierno (quizá lo más visible) hasta el uso de cada oficina pública como un centro para el sostenimiento de las diversas facciones, hoy una parte importantísima del Estado está fusionada o es directamente parte del partido oficial. 

En este marco, la competencia inter-partidaria resulta un campo inclinado. Emparejarlo requiere una profunda reforma político-administrativa que tienda a poner límites a la colonización y saqueo del Estado.

Números ridículos 

y campaña millonaria

Los montos máximos autorizados para campaña según la ley 26.215 para aportes de actores privados dependen de un módulo electoral multiplicado por los electores habilitados.

El modulo electoral para el año 2015 se estimó en $5.392 y multiplicado por los electores para la categoría de cargos nacionales en diputados, se estima un monto de $2.696.000 y para parlamentarios del Parlasur $2.696.000.

El límite para la campaña para presidente es de $172.952.000 y el monto máximo de aporte por persona física en Formosa es de $53.920 y por persona jurídica de $26.960 siempre hablando de capitales privados.

Luego de repasar estas cantidades no resulta extraño darse cuenta de porque se da el fenómeno de “cancha inclinada” en favor de los candidatos oficialistas sostenidos por el aparato paraestatal.

Pero las estimaciones totales para la campaña, que se dan en 5 meses testigos, suman estimativamente alrededor de 1,5 millones de pesos por día, 45 millones al mes y 225 millones hasta finalizar con las elecciones.

“Mucho más” aseguró uno de los candidatos pero a ciencia cierta y ante la falta de transparencia, el sistema de asignación de fondos necesita de una reforma que no solo logre equidad en el reparto sino también un control al abuso de los partidos en el poder.