Hace una semana, en sesión ordinaria, el bloque oficialista impuso la consigna de que en el distrito de Coronel Suárez ‘el que paga pierde’ y lo hizo en relación a aquellos contribuyentes de la localidad de Huanguelén que, por distintas circunstancias, pagaron total o parcialmente la obra de cloacas, que incluye la obra de infraestructura en la planta de tratamientos y la red domiciliaria.

Esto es así porque el Concejo Deliberante no pudo ratificar la ordenanza aprobada en Huanguelén, que disponía la devolución del dinero pagado por los contribuyentes, en virtud que la deuda generada entre el municipio y la Provincia para realizar la obra fue condonada. El intendente Ricardo Moccero vetó la norma con un decreto que, paradójicamente, no fue firmada por el Secretario de Gobierno ni por el Asesor Letrado, que son experimentados abogados y esto es porque en realidad el decreto en cuestión adolece de múltiples errores desde la juridicidad administrativa. La oposición no logró los dos tercios de los votos para ratificar la ordenanza, tuvo 9 votos (Mirta O’Leary mantuvo su voto a favor, sabiendo el resultado que iba a tener el Decreto), les faltó una adhesión.

El oficialismo, como ya es costumbre, no tuvo ningún tipo de argumento para rebatir las cataratas de razones, jurídicas y hasta de sentido común, que exhibió la oposición para ratificar que es un acto de estricta justicia devolverle el dinero a los frentistas que pagaron total o parcialmente la obra en cuestión, ya que el resto de los vecinos, en igualdad de condiciones con aquellos, se les condonó la deuda. Es decir, ganó aquel que no pagó y perdió el que priorizó pagar sin esperar a saber qué iba a hacer el Gobierno provincial. O sea, el oficialismo impuso en el distrito la idea de que ‘el que paga pierde’.

Después de una ejemplar participación de Blanca Stacco (ver recuadro), que resultó irrefutable, el radical Guillermo Sol expresó que “estuve en la barra cuando se aprobó la ordenanza, en Huanguelén. No somos autores de este proyecto sino de similares, pero comprendimos y compartimos la algarabía de los vecinos que veían en esto un acto de justicia”, al tiempo que señaló que “es injusto que por distintas razones deban afrontar el pago total o parcial de la obra y se vean perjudicados”.

Fue categórico el edil cuando expresó que “estos 220 mil pesos ya se convirtió en un monumento a la injusticia, más aún el hecho que el Intendente haya vetado la ordenanza que indicaba que se devolviera el dinero”.

Para refutar el veto, utilizó el argumento de mayor peso, que es la confusión en la que incurrió el Intendente cuando decidió asirse de un artículo de la ley que no corresponde porque hace referencia a la relación entre la Provincia y el municipio y no éste con los contribuyentes.

Sobre el particular, Sol expresó que “analizando el veto, éste hace referencia a que una ordenanza no puede contrariar a una ley y lo sabemos… pero veo que esta ordenanza no se contrapone a ley 14132, que es la que generó la condonación de la deuda de los municipios con la banca internacional, canalizada en obras de agua corriente y cloacas, donde está incluido el distrito de Coronel Suárez”.

“Hoy la condonación es ley como está escrita y el segundo artículo alcanza a las cuotas vencidas y por vencer que deban afrontar los municipios, en tanto que no procederá para las cuotas ya canceladas; en el articulo tercero, los municipios beneficiados deberán condonar las deudas de los frentistas afectados por la obra por los préstamos condonados por la ley… en ningún punto de este artículo dice ‘en iguales condiciones’, en ningún punto dice que el municipio está obligado a condonar en iguales condiciones. Habla que se tiene que condonar a los beneficiarios por esta ley y deja abierta la posibilidad que los concejos deliberantes podamos observar alguna definición distinta a través de una ordenanza, y la que está vigente en el distrito no contraviene la ley 14.132”, afirmó el concejal Guillermo Sol.

Por último, el edil radical reclamó que se insistiera con la ratificación de la ordenanza, pero sabedor del resultado final del tratamiento del punto (que el oficialismo iba a avalar lo dispuesto por el intendente, el veto), hizo reserva de acudir en recurso extraordinario a la Justicia, “para dar certeza a la ordenanza en cuestión”, expresó Sol.

Una catarata de errores

El justicialista Hugo Bilbao fue el encargado de desnudar los errores cometidos tanto por el intendente Ricardo Moccero, como incluso del presidente del Cuerpo, el edil Roberto Palacio, en cuanto a la difusión del informe del Tribunal de Cuentas y la forma en que fue solicitado el mismo, ya que se hicieron preguntas sobre documentos que no fueron remitidos al organismo provincial.

Bilbao inició su exposición expresando que “esta es una larga historia… la hemos abordado en distintas oportunidades y en ocasiones hay que hacer un análisis desde un principio y recordar que la deuda desde un principio tuvo un 25% de sobreprecio para los vecinos de Huanguelén, porque se incorporó al costo de la obra unos 450 mil dólares que debió absorber el Ejecutivo municipal (se comprometió a hacer los piletones, los cuales aún hoy están sin terminar)”.

“La obra fue un 25% más cara por obras que el municipio se comprometió a ejecutar y no lo hizo, no construyó las piletas”, afirmó Bilbao, quien añadió que “el segundo error lo cometen los concejales del oficialismo, al no avalar el proyecto de ordenanza que presentó Blanca Stacco, con la cual se disponía suspender el pago de la obra por 180 días”.

“Dijimos que no se pagara, nos difamaron diciendo que éramos unos demagogos, pero estamos en condiciones de asegurar que si se hubiese aprobado aquella ordenanza esto que estamos debatiendo, el veto del Intendente, no sería necesario, ya que todos los vecinos estarían en una igualdad jurídica, a todos se les hubiera condonado la deuda”, afirmó el presidente del Bloque del PJ disidente.

Bilbao afirmó que “es en este momento cuando comienza el ‘operativo confusión’, porque la verdad es que el Ejecutivo no quiere devolver el dinero que cobró en forma errónea” y al explicar el ‘operativo confusión’ dijo que “en un primer momento expresó en Huanguelén que no iba a vetar la ordenanza, pero la vetó, va y viene en forma constante, imponiéndose una actitud caprichosa para no devolver los recursos a la población y como razones para accionar de esa manera las fundó en la demagogia e ignorancia de la oposición, cuando nuestro accionar está orientado a defender la responsabilidad fiscal a futuro del municipio”.

“En cuanto a la ignorancia, debo decirle que siempre el Jefe comunal solicita la unidad en su propio pensamiento y no en aquellos que pensamos distinto, pero además desconoce nuestra capacitación y experiencia”, destacó Bilbao, quien centrándose en su persona dijo que “como ingeniero civil puedo opinar sobre la obra en cuestión, pero además fuí funcionario de aplicación de la ley orgánica en los 134 distritos bonaerense, por lo tanto sé de qué estoy hablando, y ni hablar del espíritu de la ley, porque la discusión más rica se realiza en el ámbito de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de la cual fui vicepresidente, por lo tanto conozco cada punto y coma de la ley…, es decir, nadie puede decirme que desconozco los alcances de la norma provincial”.

“Los abogados del municipio no firmaron el Decreto con el veto porque es una aberración jurídica”. Hugo Bilbao.

Al abordar los errores jurídicos del veto, Hugo Bilbao dijo que “la ley tiene dos niveles de excepciones, bien diferentes, el artículo segundo legisla la relación entre la Provincia y los municipios y el tercero, la obligatoriedad de los municipios para con los vecinos”, destacando, tal como lo explicó también Guillermo Sol, que “el no proceder para las cuotas ya vencidas se menciona para la relación Provincia – municipio, mientras que el artículo tercero dice que deberán condonar los préstamos, pero nada dice si puede o no devolverse lo cobrado”, dejando así librado a la decisión de cada municipio.

Por otra parte, Bilbao, refiere que “el dictamen de Asesoría de Gobierno, del cual se aferró el Intendente en sus declaraciones públicas, no lo vimos nunca… lo busqué y por eso puedo afirmar que no hay ningún dictamen de ese organismo al respecto, que además es de consulta y no define nada. Pero, no lo tenemos… no existe”.

Por último, el edil justicialista abordó la consulta al Tribunal de Cuentas, cuyo informe llegó al Concejo Deliberante y fue difundido por el área de prensa del municipio antes que lo conocieran los concejales, lo cual fue fuertemente cuestionado por Bilbao, dejando en claro que los ediles oficialistas colaboraron para aumentar el ‘operativo confusión’, porque en definitiva se usó la información tergiversando las conclusiones.

Bilbao cuestionó la forma en como se elevó la consulta, ya que en la nota de elevación se hace referencia al artículo segundo y no al tercero de la ley, mientras que “el segundo error fue preguntarle al organismo qué criterio se debía utilizar sino que se debió consultar sobre si el criterio es conforme o no a derecho, estamos entregando una potestad del distrito…”, dijo.

“El Tribunal de Cuentas da un análisis simplista, porque la expresión condonar es a futuro… ‘eureka’, lo sabemos, lo que sucede es que mientras se le pide opinión sobre unos proyectos que estaban en la comisión, los mismos no le son remitidos… entonces, sobre qué va a opinar el organismo”, se preguntó Bilbao

Por último, el concejal aborda el análisis del Decreto, expresando que “después de escribir el artículo segundo, concluye en que la ley nada dice sobre la devolución del dinero y claro que no lo hace, sino que sentido tendría incorporar un artículo tercero a la ordenanza que implique la devolución del dinero”.

Bilbao les pidió a los oficialistas que “se liberen de la disciplina partidaria y respalden la ordenanza” y agregó que

“el articulo segundo de la norma es clara que ‘alcanza a las cuotas vencidas y por vencer’, mientras que no procederá para el caso que las cuotas ya hubiesen sido canceladas e incurre en el mismo error que el Presidente, porque está refiriéndose a la relación Provincia – municipio”, resaltando que “esto es fruto del operativo confusión, se comparan manzanas con naranjas”.

“En virtud de lo expuesto, ‘excede las facultades de la ley, ya que sólo puede aplicarse a la ley provincial…’, dice el Intendente, lo cual es una mentira, porque se puede avanzar en la cuestión de devolver el dinero”, agregó el edil, quien incluso el Decreto señala que “el dinero que aportó la gente es de la Provincia cuando la Secretaria de Hacienda manifestó que está en partidas de recursos generales y no en una cuenta específica para futuras obras, como lo había dicho en principio el Jefe comunal”.

Por último, Bilbao advirtió que el Decreto no fue firmado por ningún abogado y esto es así porque “es una aberración jurídica, nadie puede avalar un documento que tiene todos los errores que hemos señalado”.

Las explicaciones del Presidente

Después de un fuerte intercambio de palabras entre Palacio y Bilbao, porque éste último exigió que usara la banca para hablar y el primero dijo que no porque iba a aclarar cuestiones ligadas a su cargo; específicamente, sobre las acusaciones que hizo el concejal.

En primer lugar, dijo que “la información que atañe a esta Presidencia es pública a partir de su ingreso al Cuerpo”, dejando traslucir que cualquier edil la puede dar a conocer, cuando en realidad, al menos a Nuevo Día, se le ha dicho en muchas cuestiones que las notas son públicas a partir que ingresan en una sesión ordinaria o extraordinaria, con lo cual se habría cometido un error si antes se le suministró el informe al área de prensa de la comuna, que utilizó la información con fines políticos.

En segundo término, Palacio hizo alusión a su falta de pericia al momento de solicitar un informe al Tribunal de Cuentas, sobre lo cual dijo que “soy un simple docente y no un magíster en derecho administrativo, a mi noble entender solicité lo que creía conveniente”.

“Por último, con la ignorancia que esta presidencia le corresponde, enviaré toda la documentación existente en el expediente, todo… incluso el veto y la situación que aquí ocurra, para que lo analice el Tribunal de Cuentas”, dijo Palacio, quien añadió que “en ningún momento le puse un componente político, no respondo como concejal sino como presidente, si hubiese tenido la intención de hacer una aclaración como edil sé que lo tengo que hacer desde una banca, tengo años de experiencia… pero le digo que no soy lo suficientemente sabio como para ser letrado administrativo”.

Bilbao volvió a pedir la palabra y dijo que “actuó como militante” y dio detalles de cómo fue suministrado el informe desde Prensa del municipio, mientras que Blanca Stacco dijo que “se ha estafado a los frentistas doblemente, los piletones están en un 50% de su construcción y el municipio nunca terminó la obra de la que se hizo cargo. La segunda estafa, la no devolución del dinero”.

Por su parte, Héctor Dalmau dijo que “cuando uno solicita alguna opinión, vinculante o no, hay que hacerlo con tino, porque (por el Tribunal de Cuentas) son los maestros de la ambigüedad, sólo salvan la posición y resultan hasta poco entendible” y relató la cuestión vinculada con el ‘Corralón Denk’, el cual es propiedad de Analía Arroquy de Moccero y el organismo no tenía esa información. “Le escapan a todo lo que sea un problema político, responden a los gobiernos locales”, indicó Dalmau.

Cuando ya no había más nada que hablar, Guillermo Urruti (Unión Pro) propuso que el veto volviera a la Comisión hasta que se expida por segunda ves el Tribunal de Cuentas, siendo apoyada la moción por Ana Lía Pogost (Movimiento para la Victoria), pero se resolvió pasar a un cuarto intermedio, al volver a las bancas se resuelve votar y resulta la votación con 9 votos afirmativos para devolver el dinero y 6 por la negativa, como la oposición no alcanzó los dos tercios de los votos quedó ratificado el veto y los vecinos que pagaron… perdieron.

¿Está o no reñido con la moral y la ética?

La concejala Blanca Stacco dio inicio al debate expresando que “algunos pudimos ver a futuro lo que podía pasar, mientras otros actuaron de mala fe” y refirió que “supongamos que tenemos una señora en un barrio, que por razones de movilidad no puede pagar el crédito de su vivienda y le solicita a una vecina joven que le haga el trámite. Al llegar al banco le informan que por ser la clienta número mil le bonifican el crédito, le sellan el comprobante y regresa a su casa. Esta mujer, la joven, tiene tres opciones:

En primer lugar, entregarle el comprobante del crédito pagado y ocultarle la cuestión de la bonificación. La segunda opción es informarle lo sucedido pero decirle que como ella fue la que realizó el trámite se queda con el dinero, mientras que la tercera es que le informa la buena nueva para la anciana y le devuelve el dinero”.

Mirando al Presidente, expresa: “Quiero que usted me diga cuál de las tres opciones está menos reñida con la moral y la ética”.

Por supuesto, Roberto Palacio y los demás concejales oficialistas no respondieron… se quedaron mudos.