El ministerio de Salud de la Provincia encabeza una iniciativa para combatir la venta de alcohol a menores, a través de la confección de un registro voluntario con los datos de las fiestas de egresados y los salones donde se llevarán a cabo, adonde los inspectores asistirán de manera preventiva -en primera instancia- y luego realizarán el control el día del evento. Las multas serán de hasta 100 mil pesos para quienes no respeten la normativa vigente.

Los operativos de control estarán a cargo del Registro provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y el área de Inspección General de cada Municipio.

En Mar del Plata, se trabajará en conjunto “para que los chicos puedan divertirse dentro de un marco que no sea perjudicial para su salud”, anticipó el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Alejandro Collia.

Hasta el momento, de 25 fiestas relevadas en distritos del Conurbano bonaerense y La Plata, sólo se constató suministro de alcohol (barra libre contratada de antemano) a menores en una, donde se produjo la clausura y el desalojo inmediato del lugar, en pleno centro de la capital provincial.

En la ciudad, los controles comenzarán a realizarse en las próximas semanas. Mientras tanto se espera que las fiestas que se llevarán a cabo en Mar del Plata formen parte de este registro voluntario que abrió la Provincia para organizar los operativos.

El trabajo se realizará desde el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, dependiente de la subsecretaría de Salud Mental y Atención a las adicciones de la cartera sanitaria, en conjunto con jefes comunales y secretarías de Inspección de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el director del REBA, Juan Lauro, a través de la confección del registro con los datos y las fechas de las fiestas, “los inspectores del programa hacen una primera visita a los salones y a los locales bailables días previos a que se realice el evento, para advertir acerca de prohibición de la venta de alcohol, y de las consecuencias de la violación a la normativa vigente” (Ley 14.050).

Lauro detalló que el registro se completa con una “exhaustiva búsqueda” en las redes sociales, de acuerdo a una lista de colegios secundarios, y se confecciona, además, a partir de los datos que puedan aportar organizadores de las fiestas y padres de los menores.

Luego del trabajo de prevención que incluye la advertencia a los dueños de los locales bailables y salones, se procede a la inspección el día de la fiesta para constatar que todo esté en orden.

Ante la detección de irregularidades que violen las normativas de Nocturnidad, se procederá a la clausura y el desalojo, y los salones deberán pagar una multa de hasta 100 mil pesos, subordinada a la decisión de un juez.

En ese sentido, Lauro precisó “que en caso de que se verifique venta de alcohol, la sanción es para el lugar donde se desarrolla el evento. Y por ese motivo, son los mismos encargados y propietarios de los locales quienes ayudan en la tarea”.