Luego de la anulación de la sentencia emitida por la jueza Civil y Comercial 6 de Resistencia Iride Grillo, en la cual autorizaba a guardaparques, personal de la Dirección de Bosques y otros a ingresar en la estancia La Fidelidad, el representante legal de los herederos de Manuel Roseo, el abogado Carlos del Corro, celebró la decisión judicial.
Por eso el fallo de Grillo “ha sido anulado en virtud de los gruesos, sabidos y anunciados errores in procedendo que se autoerigió en jueza de una región territorial ajena a la que le fue asignada a pesar de un dictamen fiscal que le marcó abstenerse de intervenir en el amparo por su incompetencia” y recordó que por ese mismo motivo “fueron sometidos a juicio político y destituidos varios jueces del Chaco”.
En ese sentido indicó que todavía “nadie ha denunciado por su proceder a esta jueza por su accionar” y aseguró que como representante de los intereses de los hijos de Roseo “todavía no lo he hecho solamente por falta de tiempo” y advirtió “la misma falta cometida por algún funcionario judicial como esta jueza contra el gobierno es motivo de destitución pero a favor no llega a convertirse en leve y es pasible de algún aplauso o quizás algún premio también”.
Fallo irregular
Por otro lado consideró al fallo emitido en su momento por Grillo como “plagado de parcialidades insostenibles y tiene un apresuramiento inocultable por darle la razón a la provincia contra los herederos de Roseo sin importar cuál fuera la realidad”.
Y aportó un dato más “en su apuro la jueza Grillo no advirtió que desde el 25 de enero de 2011 existe una cautelar de no innovar que prohíbe alterar el estado físico y jurídico de la estancia La Fidelidad para preservar su integridad territorial que fuera solicitada por mi parte al morir Roseo que se encuentra vigente a la fecha”.
“Esta medida fue dada a lugar mucho antes de que la provincia hable del peligro ambiental, que se viene cumpliendo por la destrucción del medio ambiente en los lugares donde la provincia debe cuidar la naturaleza, no en la propiedad privada que cuidó siempre Manuel Roseo dejando a sus hijos y a la provincia un territorio casi virgen que hoy es el desvelo de los guardianes oficiales preocupados solo por cuidar la estancia hacia adentro cuando el resto de la provincia está en llamas por las depredaciones vertiginosas y nadie hace nada” por lo que expresó “mucho interés por el ambiente y la ecología en La Fidelidad lo que nos resulta raro”.
Duras críticas al legislador Trabalón
Del Corro aseguró que “por méritos no merecen estar y tampoco por sacrificio y capacidad tampoco, pero son cada vez los que llegan con esas cualidades”, dijo al referirse a los cargos que ocupan los funcionarios.
En ese sentido destacó que “resulta humillante que un diputado provincial como Daniel Trabalón haya impulsado una expresión oficial de la Legislatura para que ésta se exprese en contra del fallo que anula la sentencia que autoriza a guardaparques y personal de la dirección de bosques y fauna, entre otros organismos, a ingresar en la estancia La Fidelidad”.
“Esta pretensión es casi dolosa o delictual, ya que pretende desconocer la autoridad judicial invadiéndola con una declaración de rebeldía contra la justicia de parte de otro poder del Estado. Este escándalo de autoridad o conflicto de poderes sólo puede ser alentado por un ignorante total en derecho y política”, sostuvo el representante legal de los hijos de Roseo.
Por otra parte, agregó que “no sabe este mediocre funcionario que los jueces, cámaras y miembros de Superior Tribunal son la autoridad suprema en materia de interpretación de la ley, y que por sus fallos se dictan leyes individuales como justicia distributiva”, se preguntó.
En otro párrafo de la nota enviada a este diario, el abogado añadió que “no sabe que justamente el control constitucional y de legalidad es el resorte esencial del cual se dota al Poder Judicial como órgano ecuménico del Estado para evitar atropellos de otros actos de gobierno o de actos de jueces inferiores de menor rango que se encuentren en colisión con normas fundamentales nacionales o supranacionales, como lo son los tratados” por lo que calificó al pedido más arriba mencionado como “subversivo con perfiles insurrecciónales contra el estado de derecho, pareciera un kamikaze político que lo mandan a opinar de lo que no sabe”.

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