La Cámara Baja aprobó este miércoles por mayoría las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo provincial a la Ley 9.941, que garantiza con coparticipación un fideicomiso por 28 millones de pesos para el salvataje financiero de productores endeudados -mediante créditos del Banco Nación a 20 años-. El proyecto fue aprobado en general y en particular y pasa a revisión al Senado.

El origen de la deuda se remonta a la gestión de Sergio Montiel cuando se otorgaron créditos FINVER con garantía de la coparticipación provincial. Muchos productores no pagaron y otros directamente están sospechados de desviar fondos para otras actividades, inclusive, que personas que nada tenían que ver con el campo obtuvieron estos créditos.

Vuelta atrás

El proyecto original presentado por el Ejecutivo incluía en el beneficio con créditos por 43 millones de pesos a 421 productores, cartera que fue aprobada a sobre cerrado por el Senado pero, tras el tratamiento en Diputados –que modificó el texto- la Cámara Alta dio sanción definitiva a la iniciativa reduciendo el monto a $28 millones y la cantidad de productores a 150.

Convertido el proyecto en ley, parecía el camino despejado para que entre en vigencia el acuerdo con el Banco de la Nación Argentina y los productores obtengan el apoyo financiero para empezar a cancelar sus deudas. Sin embargo, pasaron los meses, siguieron las intimaciones a productores –con riesgo de remate- y todo pareció volver a cero cuando autoridades de la entidad crediticia, a siete meses de la aprobación, impusieron nuevas condiciones, planteando que si el Estado provincial no respondía por toda la cartera de deudores, se caía el convenio.

Esto dio lugar al proyecto de modificación del Poder Ejecutivo que si bien establece que se “deberá exigir al productor deudor garantías reales suficientes y/o fianza o garantía de la asociación que los nuclee, cooperativa y/o terceros, y toda la documentación que considere necesaria a fin de establecer y demostrar que la actividad que realiza o realizaba al momento del crédito, tenía relación con la producción agropecuaria”, por otro lado introduce la salvedad de que “cuando los deudores no pudieren presentar las garantías referidas y siempre que se tratare de pequeños productores agropecuarios (…) a Comisión podrá disponer su incorporación al fideicomiso y otorgarles condiciones de repago compatibles con el plan de trabajo oportunamente presentado y en similares condiciones a las conferidas a quienes constituyeron las garantías pertinentes.

Por otro lado, las modificaciones aprobadas por mayoría en Diputados –sólo la diputada Ana D´Angelo, del Encuentro Amplio Entrerriano votó en contra- facultan al Poder Ejecutivo para establecer la política de cobro que “tenderá” a que el recupero de los créditos “no se realice por valores inferiores a aquel por el cual se incorpora el crédito al fideicomiso” haciendo una nueva salvedad para aquellos casos en que se agoten “todas las instancias se demuestre la imposibilidad de cobro".

“Extorsión”

Quien criticó con mayor fuerza las modificaciones fue la propia D´Angelo, que sostuvo que cuando se abrieron los sobres “había créditos sin garantía, prendas sobre ganado, que hoy prácticamente no pueden existir, o de máquinas que están obsoletas, había gente que había puesto la deuda de su tarjeta de crédito, entonces lo que hoy hace el Banco Nación es una avasallamiento a una decisión de la legislatura pero además una extorsión porque el Banco Nación dice `o entran todos o ninguno´ y lo que hacemos es beneficiar al Banco Nación que se saca una cartera de morosos incobrables de encima”.

Sin bien tanto el bloque de la UCR como el del Peronismo Federal acompañaron con su voto los cambios a lo aprobado en diciembre, de alguna manera argumentaron estar ante una encrucijada, señalando que ante el todo o nada del Banco Nación, la mejor solución era la propuesta por el ejecutivo.

En este sentido, el diputado Jaime Benedetti afirmó que “esta deuda nos cayó como un peludo de regalo pero para los productores es la solución que mejor se acomoda” al tiempo que afirmó que “las condiciones que nos imponen dejan casi sin función la comisión que habíamos creado”.

Por su parte, Juan Domingo Zacarías (Peronismo Federal) dijo que existe contradicción en cuanto al concepto de federalismo “para algunos funcionarios del gobierno provincial y del gobierno nacional” ya que la solución a los problemas de la gente “tiene que estar enmarcada en la defensa real de lo que significa el federalismo, sin garantías de la provincia hacia el Banco Nación para brindar una solución al sector, porque sino es mentira el federalismo”.