La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se autodefine como “un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los derechos” de las personas. Gustavo Ferrari es juninense y actualmente ocupa el cargo de secretario de Promoción de Ciudadanía en la institución. 

Ante el complicado panorama jurídico con relación a las tarifas de los servicios públicos, Democracia consultó a Ferrari acerca de cuál es el rol de la Defensoría frente a ésta y otras problemáticas de la coyuntura actual.

-¿Las denuncias ante la Defensoría por los aumentos de los servicios públicos son las que más se repiten por estos días?

- La Defensoría asesora a la ciudadanía en múltiples temas, desde discriminación o maltrato de parte de las instituciones públicas o privadas, hasta episodios de violencia de género o simplemente asistencia para trámites diversos, como jubilaciones. 

Es cierto que este año las presentaciones por motivo de las subas de las facturas de gas y electricidad se han multiplicado y hoy son la principal preocupación, tanto a nivel individual como colectivo, que se traslada a una consulta a nuestro organismo. 

Desde la Defensoría hemos impulsado varias acciones de amparo para suspender los aumentos, con resultados positivos en algunos municipios, como, por ejemplo, en Pergamino, pero también hemos estado presentes en Bragado, Necochea, Lincoln, entre otros.

-¿Cuál es la postura de la Defensoría con respecto a si el consumidor debe pagar o no las facturas que llegaron con aumentos exponenciales?

-Entendemos que hay una orden judicial de suspensión, pero todavía hay que esperar una resolución de fondo. El fallo de la Cámara Federal platense aún no está firme y las empresas prestadoras no han dado señales de retroceder en su postura de aplicar los reajustes. 

Comprendemos la situación de aquellos ciudadanos que se sienten con el derecho de no pagar, pero es nuestro deber advertirles que el no hacerlo puede derivar en consecuencias no deseadas, como el corte de los servicios. 

-¿Qué otras cuestiones aparecen con frecuencia a la hora de recibir denuncias?

-En años anteriores, acostumbrábamos a lidiar con inconvenientes ligados a la salud pública o las obras sociales. En todos los casos, la Defensoría ha tenido una actitud de denuncia, pero sobre todo de asesoramiento. 

La Constitución Nacional, en su artículo 43, faculta a la figura del Defensor del Pueblo a impulsar una acción de amparo cada vez que un sujeto, individual o colectivo, sufra la violación de alguno de sus derechos consagrados.

-¿La acción de amparo es el recurso más eficaz para proteger al ciudadano o existen herramientas alternativas?

- El amparo es un recurso expedito, en el sentido de que puede suspender una acción de un ente estatal o privado que está lesionando garantías constitucionales. Pero para determinados conflictos pueden resultar más provechosas otras formas de intervención. 

Por ejemplo, hace algunos años una asociación sin fines de lucro impulsó un amparo por la mala calidad del agua corriente en el municipio de Nueve de Julio. En estos casos, un juez puede exhortar a la empresa prestadora -Aguas Bonaerenses SA (ABSA)- a mejorar el servicio en un plazo determinado. 

Pero, por lo general, son márgenes de tiempo de imposible cumplimiento y además las resoluciones judiciales son apelables y entonces los procesos se dilatan muchas veces indefinidamente. En cambio, nosotros recomendamos otro tipo de  instancia, que denominamos mediación comunitaria, que nos ha dado buenos resultados.

Hemos realizado jornadas informativas en Junín al respecto. Lo que se hace es apuntar a crear las condiciones para el acercamiento entre las partes. En el caso del agua de Nueve de Julio podemos mostrar avances muy positivos en un período razonable. 

Algo similar ocurrió con la reparación de la Ruta Provincial Nº 31, famosa por el accidente fatal de la familia Pomar hace algunos años. 

La Defensoría fue convocada por un juez ante la solicitud de un amparo por parte de un particular y nosotros optamos por mediar ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y la Dirección de Vialidad y logramos el compromiso de reacondicionar el tramo Rojas-Carmen de Areco, a tal punto que se puede decir que la Ruta Nº 31 es hoy una de las pocas del territorio bonaerense que son transitables. 

-¿Cómo debe realizarse la presentación formal de una denuncia ante la Defensoría?  

-Precisamente, las presentaciones ante nuestro organismo destacan por la informalidad. Cualquier persona puede realizarla simplemente presentándose en cualquiera de las oficinas de la Defensoría. 

En Junín funciona en la sede del Colegio de Abogados (Bartolomé Mitre 83). Pero es importante aclarar que no se requiere de un escrito judicial, ni la presencia inicial de un abogado. La persona que quiera formular una denuncia simplemente llega a la oficina y relata su problema.

Tratamos también de aprovechar la posibilidad que da Internet para abrir formularios electrónicos y así llegar hasta la mayor cantidad de municipios posibles de la provincia. Y lo más importante: el trámite es gratuito.