El Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Fernando Alesanco, explicó cuál es la situación de las tres personas que se vieron afectadas con una publicación de El Tribuno donde se acusa a Alesanco de otorgarles viviendas de forma irregular.

“En virtud de las reiteradas afirmaciones por parte del diario El Tribuno respecto de la adjudicación de viviendas a familiares, en mi carácter de Presidente del IPV, me veo en la obligación de aclarar esta situación, dado que dichas afirmaciones resultan incorrectas y vulneran el buen nombre y honor de las personas mencionadas”, comienza el comunicado de Fernando Alesanco.

El Presidente del IPV aclaró: “Desde que asumí, en fecha 29 de Octubre de 2012 bajo decreto 3323, el único acto administrativo que firmé vinculado con mi madre fue la aceptación de renuncia a una preadjudicacion obtenida hace tres años por discapacidad, e incluso a su inscripción como postulante, motivo por el cual mi madre no obtuvo ni obtendrá una vivienda por parte del IPV, ello a través de la Resolución 523 de Mayo de 2013”.

“Respecto de mi hermano Maximiliano –continúa-, a quien se lo menciona como empleado del Estado, debo mencionar que el dato es erróneo, actualmente se desempeña en la parte privada, sí lo hizo alguna vez con ingreso en la administración publica en marzo de 2007 en la entonces Secretaría de Asistencia Médica. Él resulto preadjudicado de una vivienda en al año 2010, más de dos años antes de que yo asuma al frente del organismo. El único acto administrativo que firmé vinculado con él corresponde a la ubicación física de la vivienda en el barrio, al igual que otros 624 pre adjudicatarios del año 2010”.

Finalmente, Alesanco indicó: “Respecto de adjudicación del Sr. Fernando Zalazar, quiero mencionar que hay una instrucción directa por parte del Gobernador a través del Decreto 1056/13 que establece una prohibición taxativa a funcionarios con rangos de Sub secretarios o superior, y presidentes y directores de empresas y sociedades del estado, para acceder a viviendas del IPV. El resto de los empleados públicos ya sea nacional, provincial o municipal, cualquiera sea el área donde se desempeñe, tiene todo el derecho de poder acceder a una vivienda, siempre en el marco de la normativa vigente y cumpliendo todos los requisitos”.