Fue un femicidio que impactó no sólo por la brutalidad del hecho en sí (la mujer sufrió 26 puñaladas), sino porque motivó denuncias sobre que la Justicia de Jesús María no protegió a la víctima y que incluso dispuso una orden de restricción al agresor un día después del crimen.

Se trata del femicidio de María José Urbaneja (23), atacada a puñaladas el 26 de noviembre de 2012 en la ciudad de Villa del Totoral, en el norte de la provincia de Córdoba. Por el asesinato está preso e imputado su ex concubino Cristian Alberto Peralta, quien había sido denunciado por Urbaneja 13 días antes del femicidio.

Justamente, Peralta será juzgado este jueves a las 9 en la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba por el presunto delito de homicidio simple, privación ilegítima de la libertad calificada, coacción agravada y amenazas.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, le anticipó a Día a Día que en el juicio solicitará el cambio de carátula “por cuanto existió alevosía, un particular nivel de perversidad y un método singularmente insidioso, para cuya figura la única sanción es prisión perpetua”.

La muerte de la joven madre (tenía una hija de 2 años con el acusado) motivó una catarata de críticas por parte de la familia de la víctima contra el titular del Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María, juez José Antonio Sartori, y su secretaria, Liliana de las Mercedes Tarragona, por supuestamente no haber dispuesto el secuestro del arma que llevaba Peralta ni la restricción de contacto.

Incluso, el entonces jefe de las departamentales del norte de Córdoba, comisario Daniel Ferreyra, sostuvo que la Policía se enteró de la existencia de la medida de protección al día siguiente del femicidio, cuando el acusado ya estaba preso.

La familia Urbaneja presentó una denuncia por la presunta inacción de las autoridades judiciales. Según detallaron, la muchacha fue “abandonada a su propia suerte, desamparada policial y judicialmente”. Urbaneja descubrió que su concubino tenía una relación paralela y decidió terminar el vínculo, pero Peralta no lo aceptó y amenazó de muerte a ella y su hijita si no reanudaba la relación.

El 13 de noviembre de 2012, la muchacha tomó valor y denunció las amenazas de muerte. También, que el acusado tenía una pistola en su auto. De acuerdo con el querellante Nayi, las denuncias no tuvieron eco y el día 26 la mujer fue secuestrada por Peralta, quien la llevó hasta su casa y la apuñaló múltiples veces.

La denuncia por supuesta inacción judicial cayó mediante sorteo en manos del fiscal Víctor Chiappero, quien analizó el desempeño del juez y su secretaria y finalmente archivó el caso.

Consultado por este diario, el fiscal Víctor Chiappero confirmó que desestimó la denuncia de la familia Urbaneja porque no encontró “elementos” que demostraran que la Justicia de Jesús María no tomó las medidas correspondientes para proteger a María José. La denuncia está ahora en manos de la Justicia de Control, que determinará si coincide con Chiappero o sigue adelante con la investigación.