Pero Cristina es generosa. El proyecto de blanqueo que impulsó, y que anoche fue aprobado en el congreso (gracias a la mayoría kirchnerista, que convirtió al parlamento en una suerte de escribanía oficial), también le abrirá la puerta a mafiosos de distinta calaña, narcotraficantes, piratas del asfalto, tratantes de blancas y toda clase de delincuentes, para que puedan registrar su dinero mal habido sin mayor esfuerzo que llenar una planilla de declaración jurada. En otras palabras, los K quieren convertir a la Argentina en una suerte de República bananera, para lavar culpas…y dinero.

Estamos asistiendo a un hecho

inédito en la historia del país, que hasta torna insignificante el saqueo de recursos que realizó el menemismo en los años 90, cuando le puso bandera de remate al patrimonio nacional. De eso saben mucho los Kirchner ya que fueron socios de Menem en la entrega del país, aportando los votos necesarios para que se apruebe la privatización de YPF. El kirchnerismo superó a su maestro y va por más.

Solamente a una persona que se encuentra con la soga al cuello por los casos de corrupción, sin posibilidad de encontrar un argumento válido para explicar su explosivo crecimiento patrimonial, se le puede ocurrir una idea como la abrir las puertas al país al dinero negro, sin control alguno.

No hay que engañarse, a nivel económico, en un país que tiene una inflación galopante y ante una evidente recesión, la movida del gobierno tendrá un efecto nulo. Por el contrario, todo indica que seguirá aumentando la fuga de capitales y el retiro de depósitos por parte de ahorristas e inversores una vez que entre en vigencia esta ley nefasta.

Las excusas esgrimidas acerca de que los bonos –los llamados CEDIN, que se emitirán para absorber los dólares blanqueados- se utilizarán para reactivar el vapuleado mercado inmobiliario, y la devastada industria de la construcción, no resisten el menor análisis.

En un sistema capitalista, como en el que vivimos, nadie apuesta su dinero sabiendo, de antemano, que va a perder. Por ende, difícilmente se pueda encontrar un inversor serio, con su dinero ganado en buena ley, que esté dispuesto a arriesgar su capital cuando un gobierno que modifica, de forma permanente, las reglas de juego y que termina premiado al evasor, mientras se castiga al que produce y genera trabajo con una insostenible mochila fiscal.

Trabas en el acceso a la información

Dos estudios detectaron falencias en la forma en que el Poder Ejecutivo nacional responde a los pedidos de acceso a la información. Respuestas incompletas, demoras injustificadas y falta de contestación, son algunos de los problemas más graves.

Los pedidos son fundamentales para garantizar el control ciudadano sobre el accionar del Estado. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizaron investigaciones para poner a prueba el funcionamiento del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el decreto 1172/03. La norma tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil para así lograr desarrollar una democracia transparente, pero en la práctica el mecanismo reveló graves fallas.