Tal como reveló 0223.com.ar, el intendente Pulti elevó semanas atrás a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por el cual autoriza el pago de $ 10. 438, 55 al ex Jefe de Compras, Danilo Pereyra, en concepto de 88 días de vacaciones no gozadas en los años 2008 y 2009.

Por su parte, la Defensora del Pueblo ajunta, Mónica Felices, recomendó al Departamento Ejecutivo que dé marcha atrás con el reclamo del agente municipal, condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación para ocupar cargos públicos tras haber sido hallado responsable de actos de corrupción.

Lo hizo a través de una presentación en la que solicitó, “la revisión de todo lo actuado por los funcionarios intervinientes, y si fuera conducente la revocartoria de todo los actos emitidos”.

También propuso que “en caso de corresponder, por entender que la cuestión solicitada no estaría encuadrada ni en la Ley 11757, ni en la LOM art 197 a 200, y además, podría dejar sentado un precedente, sería aconsejable que el agente Danilo Pedro Ignacio Pereyra, recurra por la vía judicial correspondiente”.

La funcionaria fundamentó su pedido al mencionar que “el agente Danilo Pedro Ignacio Pereyra resultó condenado en primera instancia por el Juez del Juzgado Correcional Nº 5 Dr. Leonardo Celsi, condena que fue confirmada por la Sala Segunda de la Cámara Penal, por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, a la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos”.

A su vez, agregó que “de la sentencia se desprende la formación de causa penal por separado para investigar la conducta de la Comisión Evaluadora, de la que eran integrantes la Contadora y el Asesor Letrado”.

Según explicó, “del análisis del Expediente Nº 1657-D-2011 surge que los nombrados han tomado intervención emitiendo opinión sobre la petición del agente Pereyra Danilo” y consideró que “dado lo resuelto por el Juez Celsi, habría una posible incompatibilidad de los dos profesionales para intervenir en cuestiones relacionadas a lo pedido por dicho agente”.

En tanto, Felices aclaró que no cuestiona “lo requerido en cuanto a la bonificación” pero “sí a hacer efectivo el pago de diferencias dinerarias de vacaciones gozadas por diferencia de cargo, ya que las mismas fueron gozadas”. También subrayó que “dicha pretensión es inexistente en la administración”.

En esa línea, la Defensora del Pueblo adjunta afirmó que “según lo consultado a la Dirección de la Función Pública, todo agente que permanezca en la administración debe hacer uso de la licencia dentro de un período determinado, haciendo los actos administrativos correspondientes” y, en caso contrario, “pierde el derecho y sólo le son abonadas en casos de desvinculación con la administración”.

Por último, aseveró que Pereyra “da cuenta de que hizo uso de sus vacaciones, entendiendo que al haberlas gozado siendo técnico III le daría derecho a percibir una diferencia dineraria, puesto que parte de las vacaciones la habría generado siendo el reemplazante, como consta en los Decretos del que fuera titular del cargo de Jefe de Compras del Ente Descentralizado”.