Uno de los autores de la iniciativa, el diputado del FpV, Marcelo Feliú, expresó que esta situación obedece a una "vocación de rentabilidad" por parte de las Prepagas y pidió que este cuadro se “revierta rápidamente”.

“Las prepagas además de ser prestadoras de salud son muchas de ellas empresas comerciales, por lo tanto además de la vocación de brindar salud, tienen una vocación de rentabilidad”, dijo el diputado en declaraciones radiales.

Agregó que “seguramente ha sido ese el motivo por el cual están siendo renuentes para aplicar una Ley que hoy está vigente y que nadie discute de sus bondades humanas y fundamentos constitucionales”.

Sostuvo que “ninguna prepaga u obra social que estén trabajando en nuestra Provincia puede rehusarse a esta básica prestación”.

El legislador explicó que “tanto en forma individual como en forma institucional a través del Ministerio (de Salud) se han recibido muchas quejas de los bonaerenses que están teniendo una respuesta renuente por parte de las prepagas en la provincia de Buenos Aires para cumplir con una ley que hoy está vigente que es la de la cobertura de los tratamientos de fertilidad asistida”.

Recordó que la ley prevé tres esquemas, “el primero de ellos es que la obra social IOMA, que es la obra social más importante de la Provincia a sus afiliados le cubra el tratamiento; por otro lado, todas aquellas personas que no tiene obra social este es el sentido más equitativo e igualitario que tiene la Ley están recurriendo a los hospitales públicos y hemos tenido la gran noticia que ya hay 8 embarazaos producto de la aplicación de esta ley”

“Por lo tanto quienes son afiliados a obras sociales o prepagas dentro de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a reclamar a sus respectivas prepagas el tratamiento de fertilidad”, dijo Feliú.

Remarcó que las personas deben hacer la denuncia “públicamente en el ámbito institucional, sea a través del 0800 que ha habilitado y con mucho éxito el Ministerio de Salud, y en segunda instancia recurrir a un abogado amigo que lo asesorar de tal forma de que quede constancia de que la obra social no quiere cumplir con una ley vigente y a partir de ahí iniciar las acciones que corresponde”.