Los diputados nacionales del Frente Cívico y Social, Eduardo Brizuela del Moral y Miryan Juárez, compartieron las dos iniciativas presentadas en la Cámara Baja nacional en relación “a la situación de desborde social que vive el país, tras la rebelión de fuerzas de seguridad provinciales”.

En el marco de los actos por el 50° aniversario de ADEPA -Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas-, cuando se señaló la necesidad de reconocer que existen problemas y “encaminarlos a través de un diálogo sincero y constructivo”, el exgobernador catamarqueño y Juárez pidieron al Ejecutivo Nacional la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad Interior, particularmente del Comité de Crisis, que dispone la Ley N° 24059, con la participación de los gobernadores y jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para analizar el restablecimiento de la seguridad interior. Asimismo, solicitaron constituir a la brevedad una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y actividades de Seguridad Interior.

Al respecto, Brizuela expresó: “Hemos escuchado al jefe de Gabinete dar lecciones sobre la aplicación de dicha ley en el caso particular de Córdoba, para justificar un grosero error de cálculo político”. Y agregó: “Digo ‘grosero error político’ pues no midió el efecto cascada sobre el resto del país, con movimientos y situaciones de tensión en más de 17 provincias, con más de diez muertos y, en el caso particular de Catamarca, llegar al colmo del enfrentamiento entre la Policía local y la Prefectura Naval que fue enviada para intentar restablecer el orden en la Casa de Gobierno provincial”.

Mientras que Juárez expresó: “Por un lado, pedimos la constitución del Consejo de Seguridad; pues, si bien la situación tiende a pacificarse en el caso de las fuerzas de seguridad, la resolución dada a dicho conflicto ha abierto la puerta a demandas y reclamos salariales del resto del arco de los agentes públicos, que deben ser analizados y atendidos en todas sus dimensiones; y por el otro, puesto que la responsabilidad nos cabe a todos los poderes del Estado, hemos pedido por cuerda separada que el Congreso Nacional cumpla con el mandato de constituir una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y actividades de Seguridad Interior, que también está previsto en la Ley 24059, pero que no está constituida”, concluyó.