La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza enfrenta dos acciones judiciales por el cobro de una "Tasa por el servicio de conservación de pavimento por el uso de las calles de la vía pública", que alcanza el 1% de la recaudación del sistema de transporte público.
Desde la comuna, el secretario de Hacienda, Alejandro Gallego, dijo a Los Andes que desconoce la existencia de las acciones de inconstitucionalidad, pero que la carga impuesta a las empresas es ínfima y es para "mantener el pavimento que los colectivos deterioran. Desde 2008, nos han liquidado 670 mil pesos en concepto de canon, monto que de ninguna manera cubre el costo de tener calles en condiciones" y acusó: "Las empresas nunca han querido pagar el arreglo de las calles".
La demanda de Autam es una acción de inconstitucionalidad contra el decreto publicado en el Boletín Oficial el 15 de febrero de este año, en el que Capital le ordena a la empresa Siemens It Solutions and Service SA (encargada de la recaudación del sistema vía tarjeta Redbus), a que retenga el 1% del total de las liquidaciones de las empresas, como alícuota destinada al mantenimiento de las calles.
Esta medida implica, según las empresas, una doble carga impositiva dado que, de acuerdo a la Ley 6.082 de 1993, del total de la recaudación se descuenta a las empresas el 0,66% para destinarlo al mejoramiento vial de rutas y calles de circulación de transporte de pasajeros. Dicho importe es recaudado por el Gobierno de Mendoza y coparticipado a los municipios.
Incluso, de acuerdo al régimen de reparto de este fondo entre los municipios (determinado en la Ley 5.800 de 1992), Capital resulta el municipio más beneficiado por ser el que acredita mayor cantidad de kilómetros recorridos por sus calles, debido a la alta circulación de unidades por la comuna.
Así es que Autam entiende que "distintas leyes provinciales aprobaron, reglamentaron e implementaron el pago de la tasa de contraprestación empresaria, estableciéndose un porcentaje y una finalidad cierta y determinada (entre otras) de mejoramiento vial de rutas y calles de circulación del transporte público".
Por este motivo, las empresas señalan en la presentación ante la Suprema Corte provincial que "se ha infringido el principio constitucional de igualdad en los impuestos y de las cargas públicas, toda vez que se crea una doble imposición y/o gravamen sobre el mismo hecho generador, en virtud de ser la Provincia de Mendoza, por intermedio de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, quien recauda y distribuye la tasa recaudada, por lo que resulta consecuente que la normativa que se impugna, emanada de la Municipalidad de la Capital, es manifiestamente nula, al ser su sustrato jurídico de marcada y notoria inconstitucionalidad".
Esta presentación fue realizada la semana pasada y el miércoles 17 de marzo la Suprema Corte remitió la presentación de Autam a la Municipalidad de Capital para que respondiera la acciones. Estas mismas actuaciones también serían remitidas al Gobierno provincial, como poder concedente del servicio de transporte, con el objetivo de que intervenga en la causa.
Además, la Fiscalía de Estado hizo otra presentación por inconstitucionalidad similar a la de Autam en los argumentos, aunque por motivos diferentes. Es que la referida tasa, en caso de efectivizarse, podría implicar un aumento en el subsidio que otorga el Estado a las empresas concesionarias del servicio, por lo que se vería afectado el erario público provincial. Esta acción fue presentada también la semana pasada y aún está en manos de la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo a los cálculos de Autam, y teniendo en cuenta que el costo del kilómetro recorrido es de aproximadamente 5 pesos, la tasa del 1% que pretende aplicar el municipio terminaría por asignarle alrededor de un peso por kilómetro. Esto implica que la Provincia debería incrementar el subsidio a las empresas entre un 20% y un 25%, o trasladar el incremento a los usuarios del servicio.
El secretario, Gallego, dijo que "la tasa que pretendemos aplicar es mínima y la necesitamos para mantener el pavimento en condiciones y creemos que no es justo que paguen los vecinos por el uso que hace el transporte pesado".
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