Unos y otros, con obvias intenciones diferentes, saben que aprobar un proyecto de ley que dispone el 82 por ciento móvil sin financiamiento de mediano plazo, además de no considerar las condiciones presentes y futuras del sistema previsional, terminará provocando el desquicio del régimen público. Este recién se está recuperando del negocio del siglo de bancos y compañías de seguros con las AFJP. El paso siguiente no es muy difícil de adivinar: si se implementara ese 82 por ciento, pasados unos pocos años, con un Estado que no puede cumplir con esa obligación, se impondría el discurso sobre la necesidad de privatizar el régimen previsional. Además del regreso de las AFJP, no hay que ser muy perspicaz para prever que la corriente conservadora, con el respaldo del FMI, impulsará imitar la actual reforma europea: subir la edad jubilatoria de los trabajadores para cerrar la brecha de financiamiento provocada. Así actúan los representantes del neoliberalismo doméstico siempre inquietos para ofrecer negocios fáciles a grandes grupos privados locales y multinacionales. No caer en esa trampa es una exigencia imprescindible en estos tiempos para defender a sectores vulnerables de la población.

Un antecedente cercano de un proceso similar se encuentra en la década del ochenta. En esos años una gran parte de la población se quejaba del servicio telefónico porque no conseguía líneas o de la deficiente prestación eléctrica o de gas. Ese pedido no demandaba la privatización de las empresas públicas. Buscaba recibir un servicio público adecuado. Para ello se necesitaba un plan de inversiones y generar un consenso social para fortalecer la participación del Estado en la economía. Sin embargo, sobre la legítima exigencia de la población prevaleció el discurso conservador de entregar esas empresas a negocios privados, con la inestimable colaboración de previas políticas deliberadas de vaciamiento patrimonial de las compañías estatales. Así se terminó generando una corriente favorable para la liquidación de activos públicos. Las consecuencias de esa política las padecieron finalmente los mismos usuarios que reclamaban un mejor servicio y que, inicialmente, no pedían la privatización, aunque luego la consintieron. En un primer momento sintieron alivio con esas ventas para después padecerlas al tener que pagar tarifas muy elevadas y verificar en la práctica las inversiones mezquinas que realizaron los grupos privados para mejorar y expandir el servicio.

El 82 por ciento móvil fue una bandera de resistencia, con escasa y nula recepción de esa demanda por los partidos tradicionales, en períodos donde los jubilados eran la variable de ajuste. Fue convocante de movilizaciones de organización sociales ante la emergencia previsional de mediados de la década del ochenta, el congelamiento de los haberes, el negocio de las AFJP y la elevación de la edad para jubilarse durante los noventa y el recorte del 13 por ciento de los haberes a comienzos de este siglo. Todas medidas que arrollaron con derechos de jubilados. Desde hace unos años, la situación es diferente, en un proceso de reparación y recuperación del sistema previsional público, que aún requiere su ampliación con el debate para una reforma profunda que brinde respuesta a la actual y futura perspectiva laboral y estructura poblacional. El 82 por ciento no interpela en ese sentido, sino que por el contrario puede terminar abriendo las puertas para el regreso de las AFJP.