Los adultos, la mayoría mujeres, estaban ayer reunidos en grupos afuera de las casas sin terminar del barrio Renacer de Maipú. Los niños jugaban en la tierra, con pequeños materiales de construcción, entre los hierros que sobresalen del suelo, maderas con clavos y otros elementos que se pueden encontrar en un terreno en obra.

En la tarde de ayer, las familias del asentamiento Unión y Fuerza, que esperaban recibir esas viviendas, decidieron ingresar al predio para custodiar las propiedades y evitar usurpaciones. 

María Rodríguez, presidenta de la unión vecinal, detalló que hacía unos días que la empresa que está construyendo el barrio había frenado el ritmo de trabajo y que les explicaron que era porque el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) no le había pagado.

En el mediodía de ayer, cuando los operarios empezaron a retirar algunas máquinas, los vecinos se contactaron rápidamente y se organizaron para tomar las casas ante la posibilidad de que se fuera también la empresa de seguridad que custodia el terreno.

Según detallaron las familias del asentamiento Luz y Fuerza -ubicado sobre calle Terrada-, otras personas del entorno, que no son preadjudicatarios, usurparon tres viviendas ubicadas en uno de los límites del loteo.

Como temían que esto se extendiera, los lugareños decidieron elegir cada uno una casa -saben cuál es la manzana que les toca pero no la vivienda en particular- y custodiarla. Según detallaron, el plan era pasar la noche en el lugar y quedarse todo el tiempo que sea necesario, pero que sólo estuvieran las mujeres y los niños (un esquema que ya se observó en 2011 en la zona).

Orlando Stay, otro de los preadjudicatarios, contó que el asentamiento, situado en la zona conocida como la triple frontera (en el límite entre Godoy Cruz, Luján y Maipú), tiene más de dos décadas de existencia, aunque hay vecinos que llevan poco más de un par de años. Hace 12, la unión vecinal empezó a trabajar para acceder a viviendas dignas y la construcción en un lote contiguo comenzó en mayo del año pasado. 

‘Marita’, como llaman a la presidenta de la entidad, comentó que pidieron a los representantes de la empresa constructora que dejaran los materiales y que ellos mismos podían terminar las viviendas. Natalia, otra de las mujeres, agregó que los hombres pueden encargarse de los trabajos, sobre todo porque muchos levantaron las edificaciones donde viven.

Y Flavia planteó que lo que no pueden tolerar es que alguien usurpe casas que han esperado tanto tiempo y continuar en el asentamiento, con construcciones precarias, pozos sépticos que se colapsan y conexiones eléctricas que se saturan y los dejan sin luz ni calefacción muchas noches. 

Durante la tarde, concurrieron al predio funcionarios de la comuna y del Concejo Deliberante de Maipú. También estaban presentes uniformados de la empresa de seguridad que custodiaba el predio y unos pocos efectivos policiales.

El director general de Intendencia de Maipú, Luis Novillo, detalló que la comuna colabora con el IPV en el aspecto social y que remitieron al instituto un listado de los preadjudicatarios para que se pudiera retirar del barrio a quienes ocuparon viviendas y no lo son.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el secretario de Presidencia del IPV, Facundo Pérez Brizuela, informó que acordaron con la empresa constructora girar hoy una parte del monto adeudado, para que durante la jornada puedan retomar los trabajos. Y añadió que la provincia le remitirá a la firma el importe restante el viernes.

El funcionario detalló que la demora en los pagos se debió al atraso en la aprobación del presupuesto y que impactó en otras operatorias en marcha. 

Un antecedente cercano

En enero de 2011, unas 50 familias de los barrios Los Alerces I y II, Unión y Fuerza y Los Nogales (de la misma zona), tomaron un barrio que también estaba en construcción. La modalidad de ocupación fue idéntica: sólo ingresaron al predio las mujeres con los niños, mientras los hombres se quedaron afuera, para desalentar que la policía los desalojara por la fuerza.

Entonces, sin embargo, el motivo de la usurpación fue que las viviendas no estaban destinadas a los habitantes del entorno, sino a familias que habían sido afectadas por el sismo de 2006. Luego de varias horas de tensión, los ocupantes dejaron el predio.