Valeria pone sobre la mesa los recibos con las cuotas que pagaron con su marido al dirigente sindical de la UPCN Juan Kopprio. Muestra con dolor la fotocopia de un plano con el diseño de la casa que les habían prometido en lo que iba ser el barrio San Juan. En la imagen se observa una vivienda con veredas, parque y hasta el vehículo y una bicicleta en el patio. Todo se esfumó. Como Kopprio que está prófugo de la justicia desde el año pasado.

Hoy, Valeria vive con su familia en una precaria vivienda en un lote que ocupa desde hace una año y medio junto con varias familias damnificadas sin ningún servicio básico. La toma está ubicada en la calle Esandi y Avenida Las Victorias.

Las catorce familias que viven en el lugar concurrieron ayer a Tribunales a solicitar al juez Martín Lozada la posibilidad de tener acceso al agua potable y electricidad. Durante un breve encuentro con el juez en el pasillo del segundo piso de Tribunales le pidieron que flexibilice la medida de no innovar que dictó a finales de septiembre del año pasado, para impedir que se instalen nuevas casillas en las tierras ocupadas o se hagan mejoras en las viviendas ya levantadas.

El juez escuchó sus planteos. Las familias señalaron que viven con sus hijos en el lugar sin tener ningún tipo de servicio básico.

Indicaron que el domingo por la tarde un incendio forestal amenazó con avanzar sobre las precarias casillas. Las familias aseguraron que no tenían agua como para defenderse del fuego. Afirmaron que ayudaron a los brigadistas del SPLIF con palas para arrojar tierra y contener las llamas. La vegetación quemada quedó a unos 50 metros de algunas casillas.

"Fue la gota que rebalsó el vaso", afirma Valeria. Por eso, pidieron ayer a Lozada que les permita acceder al agua potable y la electricidad. Algunas de las familias tienen generadores. Pero otras deben usar velas.

Los ocupantes de las tierras están imputados por haber usurpado las tierras que pertenecen a Germán González Lera, quien presentó la denuncia el 30 de julio del año pasado. Hasta el momento diez de los imputados ya fueron indagados, informaron fuentes judiciales.

Valeria asegura que había pagado 26 mil pesos cuando estalló el escándalo de la estafa con el barrio San Juan.