En Santa Fe, el sueño de conseguir una casa propia se complica para los sectores medios y más vulnerables. Mientras el boom de la construcción queda en manos de quienes ya tienen techo, hay dificultades para acceder al crédito y el ritmo de construcción de los planes Fonavi todavía está muy lejos de la demanda real.

Aunque el último censo actualizará la realidad local, los datos oficiales estiman que son 15.000 las familias de la ciudad que necesitan una vivienda. Esta cifra surge de un registro que elaboró la Dirección de Vivienda de la provincia hace dos años, cuando abrió una convocatoria amplia, sin condicionamientos, con el objetivo de afinar los datos sobre la cantidad de personas que aspiran a una casa. De esos 15.000 inscriptos, sólo 5.722 reúnen los requisitos para acceder a un plan Fonavi y están anotados en el Registro Único de Inscripción Permanente (Ruip). El resto, casi 10 mil personas, queda afuera de las posibilidades que ofrece el Estado porque ni siquiera percibe el ingreso mínimo.

De todos modos, la situación no es alentadora para los más de 5.000 que están en lista de espera. "Este año estamos construyendo unas 400 casas en la ciudad", estimó Alicia Pino, directora provincial de Vivienda y Urbanismo. "En 2008 se entregaron 911 y en 2010, menos de 500, seguro", repasó.

La escasez de recursos económicos es, según las autoridades, el condicionante principal para mantener un ritmo sostenido de construcción que permita paliar el alto déficit habitacional. "De los fondos federales del Tesoro Nacional no nos han transferido nada este año. Se presupuestaron 350 millones de pesos, pero no vino nada; le dan mucho a Chaco, Entre Ríos...", se quejó Pino, quien ha presentado en Nación proyectos para construir 4.000 viviendas con estos aportes, sin obtener respuesta.

Por esto, sólo se están destinando los Fondos Fonavi que coparticipa el gobierno nacional en forma directa: "Son muy escasos, unos 60 millones de pesos en promedio", detalló la funcionaria provincial.

La lupa en áreas de riesgo

Del lado municipal, la situación es similar: "Para los gobiernos locales es casi imposible resolver la carencia habitacional con recursos del propio presupuesto", aseguró Sara Lauría, subsecretaria de Hábitat y Vivienda. Por eso, la actual gestión concentró sus políticas en aquellas familias que atraviesan las situaciones más críticas, es decir, las que, además de encontrarse en situación de exclusión y pobreza, están radicadas en áreas de riesgo hídrico.

En esa franja tienen relevados 3.500 ranchos y alrededor de 300 viviendas precarias, la mayoría asentada en el borde oeste de la ciudad. La diferencia entre ambas construcciones es que el rancho tiene materiales de desecho como cartón, chapa o nylon en sus tres componentes básicos (pared, techo y piso), mientras que la vivienda precaria cuenta con materiales estables en alguno de sus componentes.

"Posamos la lupa sobre ellos y son nuestra prioridad, por eso empezamos con un programa planificado de reubicación, como el que ya hicimos en Villa Corpiño y como el que estamos llevando adelante en Playa Norte", dijo Lauría.

El traslado a una zona segura no implica sólo entregar los módulos habitacionales básicos. Deben generarse las condiciones de habitabilidad, lo cual implica gestionar la adquisición de los terrenos, llevar la infraestructura básica de servicios y el equipamiento social, hacer apertura de calles, canalizar zanjas y demarcar los terrenos. "Ningún gobierno local puede hacerlo con su propio presupuesto", remarcó. De allí la necesidad de articular políticas con otros estamentos del Estado.

Para Alicia Pino, el problema del déficit habitacional en la ciudad "va más allá de la construcción de la vivienda". Como principio de solución propone que "el Estado comience a participar como gestor urbano". ¿Qué implica esto?: "Que incorpore tierra no urbanizada a la ciudad, la prepare con infraestructura y equipamiento para recibir población y la venda a un valor razonable a los sectores vulnerables. Éste es el nuevo rol que tiene que adoptar el Estado y el gran desafío político".

El Litoral