El conflicto por las tierras en Rivadavia Banda Norte -a pocos kilómetros al Norte de Morillo- se reavivó ayer en un juzgado civil de Tartagal, donde varias familias fueron a declarar en el marco del conflicto por las tierras de "La Santafesina" y "La Juanita".

En noviembre pasado, pobladores de la zona detuvieron las topadoras que había enviado la empresa "Doble Z. S.A.", para empezar a desmontar las tierras donde viven desde antiguo. Unas veinte familias de la zona recibieron pedidos de desalojo, pero los pobladores se niegan a abandonar las tierras.

"A nosotros nos preocupa que haya pedidos de desalojo, cuando ya la Legislatura aprobó en diciembre del año pasado una ley que declaró la emergencia en materia de posesión de tierras, y que fue decretada también por el gobernador", resaltó Ruiz.

Según aseveraron los pobladores, la empresa nunca tuvo un permiso ambiental para llevar adelante los desmontes. El concejal, que fue denunciado por la propia empresa por portación de armas, puso en duda los derechos de propiedad que aduce la empresa Doble Z.

"Nosotros consideramos que alguien es propietario cuando muestra una escritura pública, pero hasta ahora nosotros nunca la hemos visto", señaló ayer a Nuevo Diario. Para hacer valer sus derechos, el propietario de la firma asegura que compró los derechos sucesorios de una familia del lugar.

Ayer directivos de la empresa le ofrecieron a las familias 200 de las 40.000 hectáreas de "La Santafesina" para reubicarse, pero las familias lo rechazaron.

"No pueden abandonar todo lo que tienen, sus corrales, sus pozos de agua, sus casas, para irse a vivir a un extremo", destacó Ruiz.

Las familias amenazadas por los pedidos de desalojo viven en los parajes El Simbolarcito, El Palmar, Las Llamas, Pozo El Chañar y Los Toros. "Sin embargo, hay otras familias de "La Santafesina" que pueden recibir también los pedidos de desalojo", señaló Ruiz.