Entre los dos últimos censos, los hogares afectados por este faltante pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010. Y aunque las cataratas del Iguazú estén colmadas, es Misiones la provincia en la que mayor cantidad de personas carecen de agua corriente, faltante que afecta al 28% de los hogares. Le siguen la provincia de Buenos Aires (25%) y Santiago del Estero (25%).

La falta de agua está asociada a la pobreza, sea urbana o rural. En las villas de emergencia, la cantidad de familias sin agua llega al 55,8 por ciento. Sin embargo, es peor en el ámbito rural. En Santiago del Estero, cuatro de cada diez hogares (41%) carecen de conexión de agua corriente y deben buscarla fuera del hogar. Lo mismo pasa en el 35% de los hogares de Formosa y de Chaco. Según la Fundación Plurales, hay casos en los que se debe caminar entre cuatro y seis horas para conseguir el recurso.

El agua falta porque faltan obras. O porque, por culpa del cambio climático, dejó de llover (y entonces surge una nueva demanda de obras).

Según el Indec, las tres jurisdicciones provinciales donde más aumentó el número de hogares sin acceso a agua corriente son la Capital Federal (462% más casos en diez años), Tierra del Fuego (283%) y Santa Cruz (144%). En el mundo, las cifras tampoco son alentadoras: 748.000.000 de personas aún viven sin acceso a agua potable, aunque son 2.300.000 menos en comparación con 1990, según detalla el último reporte de la OMS sobre agua y saneamiento realizado en 86 países de bajos y medianos ingresos.

Entre los dos últimos censos, los hogares afectados por la falta de agua pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010.

Y aunque los países más pobres invierten más dinero proporcionalmente en políticas de agua y saneamiento que los países ricos, el 66% dice que el financiamiento no es suficiente para lograr las metas del acceso al agua potable. Uno de cada cuatro de esos países no reconoce el acceso al agua potable como derecho humano.

En la Argentina, la falta de agua mantiene abiertas al menos dos “guerras” interprovinciales: la de Mendoza y La Pampa por el río Atuel, y la de Santa Fe y Santiago del Estero, por el Salado. Se pelean por el agua, cuando hay.

Marisa Arienza, de Green Cross, organización mundial con sede en la Argentina, encabeza una suerte de cruzada personal contra lo que para ella es un mito. “Es falso que haya poca agua”, afirma. “Hay varios mitos. El primero es que hay poca agua, cuando en realidad el agua está mal distribuida y es parte de la situación mundial explica Arienza. El segundo mito es que tenemos el acuífero más grande del mundo [Guaraní], y con eso se genera mucho desconocimiento.”

El desconocimiento y la confusión sobre los datos científicos y estadísticos sobre la cantidad, la distribución y la calidad del agua en el país se refleja en la legislación de tres niveles -nacional, provincial y municipal-, a punto tal que el artículo que reconocía el acceso al agua como “derecho fundamental” fue eliminado del nuevo Código Civil y Comercial. Estaba y se sacó.

Es que son cada vez más las ONG que intentan suplir la ausencia del Estado. Miriam Vilcay es dirigente del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco y vive en Socavones y fue una de las personas que salieron en busca de una solución para su comunidad tras una larga sequía. “Aprendimos por la fuerza el valor del agua y comenzamos con las pequeñas acciones”, contó Vilcay en la jornada Políticas Públicas y Derechos Humanos: Agua para el Desarrollo, organizada por el programa Sedcero de la Fundación Plurales.

Sedcero lleva adelante proyectos sustentables en el Gran Chaco Americano y busca soluciones mediante la construcción de cisternas y la capacitación de las comunidades rurales. Según el censo oficial de 2010, hay cinco millones de personas en el Gran Chaco que no tienen agua potable, y un millón de ellas se encuentra en la Argentina. Paradójicamente, la región conocida como Gran Chaco se superpone parcialmente con la zona en la que se encuentra el acuífero Guaraní, del que se dice es la mayor reserva subterránea de agua dulce del mundo.

La falta de acceso a agua potable también limita otros derechos, como a la salud, la educación y el trabajo. Fernanda Malnis, directora de la fundación Escolares, lamentó que la falta de agua “esté naturalizada y no se perciba como algo importante”.

Según un relevamiento de esa entidad, en 1200 escuelas de cinco provincias, apenas el 16% tiene agua potable suficiente todo el año. Asimismo, la mayoría de estas escuelas podrían adaptar sus techos para recolectar agua de lluvia. “No son obras faraónicas”, comentó Malnis, en referencia a los costos de esos proyectos.