A través de dos proyectos de ley sobre violencia familiar se evalúa habilitar la denuncia por parte de terceros y de niños y adolescentes. Las propuestas contemplan también imponer castigos a funcionarios públicos que teniendo que haber actuado ante las denuncias de violencia familiar no lo hayan hecho
Quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para aperturas de comercios o industrias o desempeñarse en cargos públicos, así como tampoco obtener concesiones, permisos o licitaciones.
La primera de las leyes propuestas, denominada de protección, sanción y erradicación de la violencia y abuso de poder en el grupo familiar, determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante.
Agrega que los niños y niñas y adolescentes podrán denunciar "por sí los hechos que los afectan" ante cualquiera de estos ámbitos y que los testimonios podrán ser verbales o escritos e incluso por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos en el caso de personas discapacitadas.
El proyecto incorpora también la llamada "denuncia solidaria" para que terceros o "todos aquellos que se sientan afectados" por una situación de violencia puedan efectuarla sin necesidad de la presentación de pruebas.
La norma contempla la adopción de "medidas de protección" luego de efectuada la denuncia, como la exclusión del denunciado del hogar y disponer alimentos provisionales a favor del damnificado cuando el excluido fuese el sostén principal del hogar. Además la iniciativa prevé fijar un domicilio diferente para los damnificados a fin de "protegerla de posibles agresiones”. Aimismo la medida contempla programas de prevención en medios de difusión masiva, la creación de un registro estadísticos sobre denuncias por violencia familiar y la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga.
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