Familiares de autistas reclaman que se reglamente la Ley de Discapacidad

Adriana Poblete es la abuela de Nahuel, un pequeño de cinco años diagnosticado con autismo. Inició en 2009 un camino de gestiones que la llevaron a tocar puertas a nivel municipal, provincial e incluso en presidencia de la Nación para conseguir que la población acceda a la terapia cognitivo conductual, de eficacia probada en el tratamiento del autismo, pero prácticamente inaccesible para familias de bajos recursos.
La mujer, no representa a ninguna fundación ni participa de las actividades de Asociación de Padres de Autistas (APADEA) en Comodoro Rivadavia, pero también embandera las problemáticas que atraviesan los autistas o quienes padecen algún tipo de TGD (trastornos generalizados del desarrollo) y no cuentan con recursos económicos, que día a día se contactan con ella. Por esa razón, subraya la necesidad de unidad de los sectores representativos, en pos de la reglamentación de la ley provincial de discapacidad, sancionada en 1999.

En ese mismo contexto, el grupo se reunió el martes por la noche, en la vecinal del barrio 30 de octubre, con la diputada provincial Marta Raso (UCR), quien participa activamente en los debates legislativos suscitados por la temática. Allí se le hizo entrega del listado de niños que no reciben tratamiento y a efectos de lograrlo. Poblete agregó que al compromiso obtenido por parte de la legisladora radical, también se sumó la justicialista Pierina Bissi

NECESIDAD DE ESPECIALISTAS

La abuela expuso que el tratamiento cognitivo conductual, requiere de profesionales especializados, y según apuntó no existen en la ciudad. Agregó que resulta además muy costoso, y que para acceder al mismo dependen en absoluto del respaldo del Estado, dado que por no figurar en el nomenclador de las obras sociales, estas no lo reconocen y no dan por ende la cobertura específica.

Explicó que no sólo se trata de niños pequeños, también de adolescentes y jóvenes, que permanecen sin un tratamiento vital para su sociabilización y desarrollo y que además, en líneas generales, las familias tampoco cuentan con la suma que requiere mensualmente el pago del docente capacitado como acompañante escolar, nexo ineludible para que un autista se incorpore al sistema educativo "normal".

A modo de ilustración, Poblete indicó que contratar un acompañante puede costar entre $3.000 y $5.000 y expuso por ejemplo el caso de su nieto Nahuel, que aún cuando su obra social autorizó la cobertura de una psicopedagoga como acompañante, esta no puede brindar el tratamiento al pequeño, por lo que no concurre actualmente al jardín de infantes, pese a lo previsto.

"Ellos tienen su ley, no entiendo por qué tenemos que estar así" se quejó la mujer, que culminó subrayando que se requiere la formación específica de acompañantes, y un centro de atención y rehabilitación acorde. Sostuvo que más allá de su voluntad, a APADEA se le dificulta recibir más chicos dadas sus modestas condiciones de espacio. "Si el Estado se hiciera cargo de los chicos que no tienen recursos, como debe ser, la realidad sería otra", consideró.

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