CIPOLLETTI (AC)- La familia del empleado municipal que murió al explotar una bomba en la Escuela de Policía de Cipolletti, se constituyó como querellante en la causa. Sus abogados seguirán trabajando en la línea de investigación que apunta a la pista internacional y no descartan pedir la extradición de los anarquistas detenidos en Chile para que comparezcan ante los juzgados de Río Negro.
Los abogados pretenden avanzar en la causa penal, pero no descartan iniciar acciones civiles contra el Estado por "la falta del deber de la seguridad en la policía", dijo Bustamante. "El atentando fue a pocos metros de la Brigada de Investigaciones y se supone tendría que existir algún tipo de seguridad en ese lugar".
Los representantes de la familia Maciel, adelantaron que en las próximas horas podrían solicitar más medidas de prueba.
En cuanto a la línea de investigación que vincula el atentando con grupos terroristas internacionales, no descartaron solicitar la extradición de los anarquistas chilenos detenidos la semana pasada para que declaren ante los jueces rionegrinos.
Entre ellos, a Andrea Urzúa, quien en 2008 intentó introducir explosivos en la cárcel neuquina U11 para permitir la fuga de su novio Freddy Fuentevilla y de Marcelo Villarroel, quienes estaban detenidos en el lugar.
El equipo de abogados dijo estar conforme con el avance de la investigación, aunque reconocieron que la familia de Maciel está ansiosa porque la causa avance y se encuentre a los responsables de la muerte del barrendero.
La explosión se produjo el 13 de junio a la madrugada. Al parecer Maciel intentó manipular la bolsa dónde estaba escondida la bomba y habría accionado el mecanismo de detonación.
Por las características del hecho y la línea de investigación en torno a la pista internacional, es posible que la causa pase al fuero federal. Según reconoció Bustamante, si esto ocurre la familia seguirá siendo querellante debido a que la justicia ya aceptó la presentación.
La justicia Federal con asiento en Roca ya cuenta con un informe sobre la investigación que fue elevado en su momento por el primer magistrado que se hizo cargo del caso, Gustavo Herrera.
Comentá la nota