La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió, basada en la nueva ley de Derechos del Paciente, conocida como de “muerte digna”, que la familia de Marcelo Diez, quien hace más de 18 años está en estado vegetativo irreversible, "no requiere" un fallo judicial para determinar el cese de las medidas que le dan soporte vital.

Los magistrados Oscar Massei y Evaldo Moya dejaron sin efecto las sentencias anteriores que habían impedido que se quite el soporte vital que mantiene en forma artificial la vida de Marcelo, como lo habían solicitado sus hermanas Adriana y Andrea Diez.

Marcelo había quedado en terapia intensiva luego de un accidente de tránsito ocurrido en octubre de 1994, que derivó en un estado vegetativo permanente y desde entonces se encuentra internado en Luncec.

En la resolución del TSJ explican que la nueva legislación “incorpora de manera explícita el derecho del paciente, en determinadas situaciones, a manifestar su voluntad respecto del rechazo o retiro de procedimientos de hidratación o alimentación y establece el deber, en tales casos, de mantener los cuidados paliativos a fin de garantizar higiene y confort, incluyendo procedimientos farmacológicos o de otro tipo para el control del dolor y el sufrimiento”.

Además, el fallo aclara que a partir de la ley de muerte digna (sancionada en mayo de 2012) también se contempla que en el supuesto de incapacidad del paciente el consentimiento informado podrá ser dado por los familiares.

“Estas normas establecen un procedimiento que no requiere intervención judicial para la petición efectuada por las aquí solicitantes, por lo que no corresponde que el Tribunal Superior se expida sobre dicha cuestión”, manifestó la resolución. Se agrega que “un temperamento contrario importaría desvirtuar la clara intención del legislador, en cuanto a que estas penosas situaciones no deben desbordar el ámbito íntimo del paciente o de su familia y el médico tratante”.

El abogado patrocinante de la familia Diez, Lucas Pica, explicó que para que la familia lleve adelante su pedido hay que esperar que el fallo quede firme. “Son diez días hábiles en donde la defensora de Menores e Incapaces podría presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, aunque no creo que eso pase teniendo en cuenta la flamante ley de muerte digna”, explicó.