Desde que ocurrió el homicidio de la activista por los derechos humanos Josefina Reyes en enero de 2010, la familia ya ha perdido a otros seis integrantes. El 26 de enero las autoridades del estado de Chihuahua hallaron los cuerpos de dos de sus hermanos y una de sus cuñadas, que habían sido secuestrados.

Por el temor a que la matanza continúe, y una recomendación de las Naciones Unidas, al menos 23 miembros de los Reyes decidieron abandonar el campamento que mantenían frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, en la violenta Ciudad Juárez.

La misma Marisela Reyes indicaron que se trasladaron a Ciudad de México donde solicitarán el asilo desde el Consulado estadounidense. "Esperamos que nos sea otorgado", indicó.

Los restantes nueve miembros de la familia cuentan con documentos migratorios para residir en los Estados Unidos, por lo que cruzaron la frontera sin problemas.

El abogado de migración Carlos Spector consideró la participación de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) como un caso "rarísimo" que afecta al gobierno mexicano.

"Es un caso que muestra que el gobierno mexicano no puede proteger a sus ciudadanos. El mensaje es muy claro, ya que se está dando el proceso desde el Consulado estadounidense", agregó.

Días atrás se conoció que Marisol Valles, quien había cobrado notoriedad pública luego de que con 20 años aceptara el cargo de jefa policial en Praxedis Guadalupe Guerrero, un pueblo ubicado en Chihuahua y azotado por la guerra entre los cárteles de la droga, también pidió asilo en el vecino país por temor a que la maten.