La crisis habitacional en la provincia es cada vez más grave. Se estima que el número de viviendas que la provincia tiene como déficit alcanzaría un millón, lo cual implica esa misma cantidad de familias sin hogar, con todas las problemáticas que ello trae aparejado.

Ante la desesperación comienzan las invasiones en viviendas ajenas. Uno de los casos que más repercusiones ha tenido, al respecto, es el de Balcarce, donde viviendas del mencionado Plan Federal fueron usurpadas dejando a los legítimos adjudicatarios solo con la promesa de un hogar propio. Incluso la Justicia, ante una presentación judicial del responsable de la constructora, Daniel Fernández, dictaminó que no hubo usurpación ya que no hubo violencia en la ocupación de las moradas. Es que los vecinos que ingresaron allí lo hicieron engañando al sereno.

En Tandil, por ejemplo, 50 familias ingresaron a las casas aún en construcción del Barrio Smata. Tras haber intentado solucionar el problema de diversas maneras, el Intendente Miguel Lunghi decidió la intervención de la Justicia. Sin embargo, no fue el único caso que debió enfrentar la localidad, ya que con anterioridad fueron ocupadas viviendas del Plan Federal, lo que derivó incluso en una carta documento al Gobierno Nacional, ya que la ocupación se produce a causa de una suspensión en la ejecución por falta de pago.

Otras localidades como Coronel Pringles, debieron suspender sus actividades por la falta de fondos e incluso los empleados de construcción fueron despedidos. En Junín, el municipio decidió aportar los fondos, ante la falta de respuesta del gobierno nacional. En estos casos, las viviendas pudieron ser conservadas, libres de ocupantes ilegales.

Sin embargo, otra fue la suerte de barrios en construcción de Chacabuco, Adolfo Alsina, La Plata, Pergamino, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre tantas otras, donde los respectivos intendentes deben aún afrontar los inconvenientes con los vecinos que han decidido ocupar por falta de respuesta a sus reclamos, y con aquellos otros que ya habían recibido la promesa de recibir un techo.

En total, las cifras oficiales hablan de 2.500 viviendas ocupadas de manera ilegal, al menos correspondientes a planes estatales. Y las proyecciones no son demasiado optimistas, si se considera, por ejemplo, que para el corriente año se concretarán muchas menos viviendas de las originalmente anunciadas.