Escombros en la vereda, ampliaciones sin el permiso municipal, ascensores que no están registrados y hasta planos truchos. Las irregularidades proliferan por las calles de San Miguel de Tucumán. No hubo en los últimos tiempos, sin embargo, penalizaciones contra los vecinos o empresas que incumplen con las ordenanzas. Al menos, así lo advirtió el municipio capitalino. 

El secretario de Relaciones Institucionales, José Luis Avignone, requirió a la Dirección de Catastro que remita al Tribunal de Faltas Municipal el listado de transgresiones relevadas en los años 2014 y 2015. Si bien el planteo del ex edil estaba relacionado en un principio con el mal estado de las veredas, en los registros enviados se incluyeron todas las faltas. 

Según pudo conocer LA GACETA, en los últimos dos años se registraron 1.120 transgresiones a normas municipales. En lo más alto del ranking de faltas están los trabajos sin permiso, con más de 400 casos; la falta de pago del canon por ascensores, en 375 edificios y la carencia de solicitud de inspección de obras en marcha, en 90 emprendimientos privados.

Desde la Dirección de Catastro municipal, en tanto, afirman que los incumplimientos más recurrentes que se siguen son la demolición y posterior construcción de techos y paredes; la caducidad de los permisos de construcción y la edificación de estructuras salientes de los perímetros de los terrenos. 

Ante cada obra irregular que detecta el municipio, las sanciones pueden variar de acuerdo al derecho de construcción. “El Código de Planeamiento Urbano establece que para construir una casa nueva o para modificar una vivienda se necesita el permiso de la Dirección de Catastro. En el caso de que no se lo tenga o se hagan modificaciones al que ya se tiene, el inspector labra un acta de infracción que va al Tribunal de Faltas”, explicóMarcos Alzabé, presidente del Tribunal Municipal de Faltas. El órgano de control puede ordenar la paralización de obras hasta tanto se regularicen los trámites y se pague la correspondiente sanción. 

“La multa varía de 20 a 50 veces el costo del permiso. Si no se pagó el derecho de construcción que salía $ 100, va a tener una multa de 20 a 50 veces ese derecho”, aseguró Alzabé en diálogo con LA GACETA. 

En la capital hay cientos de torres dentro de las cuatro avenidas. El inconveniente es que no todas se ajustan a las reglamentaciones vigentes. “Hay empresas que tiene muchas edificaciones que la gente no puede escriturar porque se ordenó dictar una ordenanza de excepción por violación al Código de Planeamiento Urbano”, consignó Avignone. “Hay numerosos edificios a los que no se les puede dar el certificado final de obra. Están únicamente con los boletos de compraventa y ahí se perjudica el que adquirió el departamento”, concluyó el ex edil. 

Ascensores

“Hay un pago anual que tienen que hacer todos los consorcios. A veces, por desidia del administrador, no se abona. El pago mínimo de esa multa es nada menos que de $ 1.000”, afirmó Alzabé. 

Las deudas datan desde el 2000. La gran mayoría de las transgresiones relacionadas con los elevadores, sin embargo, se registró durante 2014.

La lista de infracciones incluye, además, otras irregularidades. En el cuarto puesto, por ejemplo, está el mal estado de las veredas. Por detrás, la modificación ilegal de planos aprobados por las autoridades. También figuran casos de extracción de árboles, paredes con peligro de derrumbe, terrenos baldíos, la violación de fajas de clausura en inmuebles o la falta de carteles con información de las obras.