Un total de 1.000 hectáreas de tierras productivas habrían sido “vendidas” en Nueva Esperanza (departamento Pellegrini) a inversores tucumanos, a través de una supuesta maniobra delictiva que incluyó la falsificación de firmas y adulteración de documentos, pertenecientes al Registro de la Propiedad e Inmueble de la Provincia.

Allí radica la génesis de una incipiente investigación que impulsan la jueza Rosa Falco y la fiscal Celia Mussi, tras recibir una denuncia interpuesta por la titular de dicho organismo provincial, Marcela Soria Bussolini.

“Falsificación de firma y sellos”; también “adulteración de instrumento público” son las imputaciones que predominan en esta presentación, pero no se descatarían otras derivaciones ya que las pesquisas recién comienzan.

En forma paralela a la investigación judicial, el Registro impulsa otra administrativa. Sus responsables desean conocer cómo pudo consumarse la maniobra con tantos filtros preventivos."

De acuerdo con las fuentes judiciales, la operatoria se habría perpetrado entre los años 2005 y 2006.

Una mañana, dos tucumanos habrían acudido al Registro en pos de establecer la viabilidad, o no, para la compra de 1.000 hectáreas en Nueva Esperanza.

Inversores en la mira

Como por arte de magia, a los pocos meses el organismo dio luz verde a la operación y las tierras fueron adquiridas por los dos empresarios de la vecina provincia: en todos los informes, lucían firmas y sellos de su titular, Marcela Soria Bussolini.

Poco después, Bussolini dejó la función y asumió como concejal en la ciudad Capital, función que desempeñó hasta el 31 de octubre último. En noviembre, retornó a su cargo en el Registro.

De movida, efectuó un relevamiento en el que detectó la existencia de la autorización de la venta, pero con firmas y sellos que eran falsificados.

Segura de haber sido damnificada, en los últimos días ingresó una denuncia que Bussolini acaba de ratificar en tribunales.

Ahora, Falco y Mussi intentarán recrear el circuito administrativo que precedió a la compra de las 1.000 hectáreas, una operatoria concretada por un monto millonario.

En los días venideros serán citados empleados, los compradores de las tierras y todos los funcionarios del Registro, ya que las primeras sospechas apuntarían a una estafa sólo consumada gracias a contactos internos.

Si bien la investigación judicial está orientada a una adulteración de instrumento público y falsificación de firma y sello, no se descarta que en el transcurso del proceso pueda aparecer la posible comisión de otros delitos, que podrían haber perjudicado al Estado o al fisco.

Por ello, los empresarios tucumanos, que serían de apellido González y Lobo, deberán dar explicaciones ante la magistrada que instruye la causa