El Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Segunda Nominación tucumano benefició con su dictamen a la comunidad Quilmes de Colalao del Valle, que recurrió a la vía legal para rechazar varios intentos de desalojo en los últimos meses.
Por esta situación, la organización humanitaria Amnistía Internacional había expresado su "preocupación" ante los ataques cometidos contra la población originaria.
Los indígenas, representados por la agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), celebraron la decisión judicial que ordenó respetar la Ley 26.160.
La norma "ordena la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país".
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