La Justicia Federal de Tucumán emitió un fallo clave, que deja asentado un fuerte precedente a favor del ingreso laboral de personas con discapacidad a los organismos dependientes del Estado.

El titular del Juzgado Federal Número II con asiento en la provincia, Mario Racedo, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por una joven discapacitada, quien se consideró discriminada por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde había solicitado trabajo, en cumplimiento del cupo laboral establecido por ley.

La amparista, que fue representada por el abogado Juan Manuel Posse, reclamó que se le reconozca su derecho a ingresar con un puesto de trabajo en la UNT, con tratamiento preferencial y dentro del marco protectorio de la Ley 22.431. En su artículo 8, dicha ley establece un cupo laboral obligatorio mínimo del 4 por ciento a favor de las personas con discapacidad.

Racedo hizo lugar a la acción, disponiendo que la pretensión de la joven debe ser tenida en cuenta y que cabe declarar su derecho a ser incorporada a la planta del personal dependiente (sea permanente o contratado) de la UNT. Además, el fallo establece que su ingreso se debe producir con las próximas designaciones.

En su sentencia, el magistrado federal destacó que "la pretensión de la amparista se encuentra consagrada y protegida por normas constitucionales, tratados internacionales y regímenes legales especiales, con un claro contenido tuitivo respecto de este grupo particular de personas, procurando su integración con la comunidad y el respeto al derecho de igualdad, que en autos se concretaría con el ingreso a la planta de la universidad pública nacional".

Por su parte, Posse opinó que este fallo "es un importante precedente en nuestro medio, donde no se hace otra cosa más que receptar un derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico que, muchas veces, es vulnerado en la medida que no se cumple con este cupo mínimo obligatorio a favor de las personas con discapacidad".