La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) hizo lugar a un recurso extraordinario planteado por la Municipalidad de Córdoba, anulando un fallo que en instancia de Cámara de Apelaciones obligaba a la ciudad, abonar millonarios intereses a la firma Tecsa, con la que libra un duro litigo desde hace más de una década.

El fallo vuelve de esta manera a una instancia anterior, anulando el pago de intereses que reclamaban “Grupo ST SA; Relevamientos Catastrales SAy Recoveri SA, quienes conformaban la UTE Tecsa, y que hace tres años sumaban 197 millones por lo que en la actualidad la suma alcanzaría entre 300 y 400 millones”, según afirmó el representante legal de la Municipalidad, Marcelo Rodríguez Aranciva.

El Máximo Tribunal ordenó la vuelta del expediente a Cámara para que se emita un nuevo fallo, esta vez con arreglo al pronunciamiento que el año pasado hizo público la Procuración Fiscal y que coincidía con el planteo del municipio respecto de que no corresponde pagar intereses.

En este sentido, el fallo favorece al gobierno municipal por un intento fallido de privatizar la recaudación de la comuna y otras áreas estratégicas durante la intendencia de Germán Kammerath (1999-2003) que fue volteado por la resistencia que impuso el Suoem, y beneficia a los contribuyentes y a Ramón Mestre, aliado ahora con el exucedeísta en Cambiemos, cuya gestión pretende volver a la ola privatizadora con el ESyOP.

El Ejecutivo municipal vive esta decisión del Máximo Tribunal de la Nación como un triunfo, a pesar de que aún faltan algunos pasos, pero según indica su asesor legal, la causa estaría encaminada hacia la nulidad del reclamo de la empresa.

En realidad, para los asesores legales de la Municipalidad no corresponde pagar ni un peso en ese concepto, y es la interpretación que también esperan obtener en el nuevo fallo.

Tecsa llegó a la Municipalidad en 2001, durante la gestión del cuestionado y condenado exintendente Germán Kammerath, para poner en marcha el denominado Municipio Digital y participar en el cobro de impuestos, a cambio de un porcentaje.

En aquel momento, la resistencia del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) casi no logró prestar servicios y se terminó yendo a pocos meses de iniciado el contrato, pero igual le costó a la ciudad más de 70 millones de pesos.

Años después logró un embargo a través de un Tribunal Arbitral, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (según definía el contrato) y que obligó a la Municipalidad a pagar 10 millones mensuales mediante el embargo de una cuenta en el Banco de la Provincia de Córdoba que posee el municipio.

La empresa logró cobrar 18 millones de 14 certificados y otros 38 millones por el llamado certificado número 15, y cuando comenzó el gobierno del actual intendente, pudo retener durante varios meses los intereses que reclamaba. Esta situación se detuvo cuando se presentó un recurso extraordinario, que terminó con la sangría de las arcas municipales mediante un fallo del Tribunal Superior de Córdoba y luego cuando la Corte Suprema admitió el recurso.

La actual sentencia deja sin efecto el dictamen apelado por Tecsa, “quedando de este modo cancelada la deuda”, según interpretó Rodríguez Aranciva.

Es a causa de una sentencia por un contrato que firmó y rescindió Kammerath en 2002. La ciudad pierde 10,2 millones al mes por un año.