Se trata de Tomás Inda. Junto a los jueces María Fernández y Diómedes Rojas, conformó en 2003 la Cámara Federal de Apelaciones que hizo lugar al hábeas corpus presentado por 10 represores, dejándolos en libertad.
La noticia se conoció a través de una comunicación institucional de la Facultad de Derecho de la UNNE. "La Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, doctora Verónica Torres de Breard confirmó que desde las 14 de este martes no habrán actividades académicas ni administrativas en esa Unidad Académica. Todo esto en virtud del fallecimiento del docente de esa Casa, profesor doctor Tomás Juan Alfredo Inda", señala el comunicado de prensa.
Además de ser el titular de la cátedra de Derechos Reales, Inda es recordado por su lamentable participación en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, cuando fue uno de los que autorizó en 2003 la liberación de represores que fueron detenidos en el marco de la Masacre de Margarita Belén.
Cabe recordar que ese año, el juez, Carlos Skidelsky, ordenó la detención de diez militares, tres de ellos aún en actividad, por el fusilamiento clandestino contra al menos 22 personas el 13 de diciembre de 1976. Tomó esta decisión después de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
El defensor oficial de los acusados, Carlos Pujol, presentó un hábeas corpus cuestionando las detenciones. Skidelsky se opuso y así fue como el tema llegó a los camaristas Inda, Fernández, y Diómedes Rojas (fallecido pocos meses después). Los tres concedieron el pedido a los militares: concluyeron que Skidelsky era incompetente y sus decisiones nulas.
La denuncia
Los camaristas fueron denunciados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de H.I.J.O.S del Chaco. Argumentaron que era ilegal apartar al juez y anular sus actos a través de un hábeas corpus. Destacaron que como con este tipo de recurso no se fija caución, estaba todo dado para la fuga de los imputados. Aunque los represores volvieron a quedar detenidos tiempo después, uno de ellos, Norberto Tozzo, se fugó y fue detenido cinco años después en Río de Janeiro. Actualmente, Tozzo está siendo juzgado por su participación en la Masacre.
En ese momento, el abogado de H.I.J.O.S, Mario Bosch, dijo que se utilizó un hábeas corpus ilegalmente para "poner en indefensión a las víctimas" y lograr "una excarcelación disfrazada" de los militares.
Jury
En 2005, el Consejo de la Magistratura decidió por amplia mayoría suspender y someter a juicio político a Fernández e Inda con la convicción de que habían utilizado un camino ilegal para beneficiar a los militares imputados. Sin embargo, en abril de 2006, el Jurado de Enjuiciamiento decidió absolver a dos camaristas, con una votación que quedó en seis votos por la inocencia de los jueces y tres por la culpabilidad.
Quienes votaron por la absolución sostuvieron que no se probó que hayan incurrido en "un manifiesto (sic) apartamiento del derecho" ni se acreditó "el favorecimiento de una de las partes". La resolución mayoritaria del jurado no sólo invoca la falta de pruebas, sino una teoría que lleva el sello de la corporación judicial: "Las amenazas de destitución frente a sentencias que no conforman afectan la garantía de inamovilidad del juez", afirmaron.
Página/12 recordó en aquella oportunidad que era la tercera vez que se juzgaba a magistrados por su posible complicidad con los crímenes del terrorismo de Estado y es la tercera que son exculpados por esos cargos. Inda, para ese entonces, ya había presentado su renuncia y el Gobierno decidió aceptarla un día antes de la sentencia.

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