* “El gobierno debe firmar el convenio sin buscar la quinta pata al gato”, sostuvo el diputado Eduardo Gargiulo.

La normativa en Diputados fue tratada sobre tablas. El proyecto fue presentado por el bloque Movimiento Ciudadano la semana pasada. Durante la sesión de este miércoles, fue debatido por los diputados Héctor Casal, Luis Zabala, Eduardo Gargiulo, Fidel Haddad, Claudio Peralta, Héctor Berro, Eduardo Estrada Dubor, Jorge Lucero, Karim Alume y Graciela Mazzarino.

Además, se aprobó declarar por unanimidad el “más profundo rechazo a las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la hermana provincia de Mendoza y las manifestaciones vertidas por el Gobernador y funcionarios de la misma, ante la lucha de la provincia de San Luís”, con referencia a la Promoción Industrial. Los autores de este proyecto fueron los diputados Demetrio y Karim Alume. E intervinieron en el debate los diputados Héctor Casal. Fidel Haddad y Eduardo Estrada Dubor.

"El gobierno debe firmar el convenio sin buscar la quinta pata al gato"

El diputado provincial Eduardo Gargiulo manifestó su "satisfacción" por la adhesión que prestó ayer la Cámara Baja al Decreto Nacional Nº 699 que prorroga por 15 años el régimen de radicación industrial, aunque aclaró que "ahora es de esperar que el gobierno provincial suscriba el convenio respectivo con el Poder Ejecutivo Nacional, sin buscarle la quinta pata al gato".

El legislador había presentado la semana pasada un proyecto de declaración en igual sentido, pocos días después que se conociera la adhesión de la provincia de La Rioja a este régimen de excepciones fiscales que favorece al sector industrial.

"Cuando presentamos el proyecto aún no se había publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 699 que, luego, supimos que era extensivo a todas las provincias alcanzadas por la Ley 22.021. Por ese motivo ahora Diputados aprobó por unanimidad la adhesión a este decreto y facultó al gobierno a que firme el convenio, pero el proyecto que aprobamos contiene un artículo que podría ocasionar problemas, dado se hace reserva de supuestos derechos adquiridos que se temen perder, como autoridad de aplicación".

Explicó que la nueva normativa dispone que "ahora la autoridad de aplicación, que es la provincia, aprueba el proyecto pero el mismo debe ir al Ministerio de Industria y Producción de la Nación, para que emita un dictamen vinculante. Y el gobierno aparentemente cuestiona ese paso, lo cual es contradictorio, porque no se puede adherir a un decreto y, al mismo tiempo, cuestionarlo".

"He podido dialogar con los presidentes de las cámaras industriales de San Luis, Jorge Edgard, y de Villa Mercedes, ingeniero Martín André, y ambos han manifestado el beneplácito que siente el sector por esta posibilidad concreta que se abre para nuestra provincia no sólo de consolidar el proceso industrial, sino también para evitar que se vaya una sola empresa y se pierdan fuentes de trabajo genuinas. Pero además, porque se dispone que este régimen atraiga nuevas inversiones", indicó.

Agregó que "más allá de los reparos que pueda merecernos el descontrol que ha existido con la firma de decretos de radicación que nunca se pusieron en marcha o que favorecieron a las llamadas industrias con rueditas o a las que sólo etiquetaban, lo cierto es que a pesar de todo, este régimen promocional transformó San Luis, modificando su perfil agrodependiente para convertir la provincia en un verdadero polo industrial en el centro del país. La nueva metodología que para algunos restringue la autonomía provincial, creo que está dirigida precisamente a mejorar los controles. Y eso no debería preocupar ni a los industriales ni al gobierno, si cada uno hace las cosas dentro de la ley".

Finalmente explicó que "actualmente existen cerca de 190 industrias funcionando que generan cerca de 18 mil puestos de trabajo directos y un número similar indirectos, y que este sector aporta casi el 50% al Producto Bruto Geográfico. Esa es una realidad incontrastable que nos lleva a instar a todos los sectores a tratar este tema como una verdadera cuestión de estado. Dejar a un lado las diferencias y pechar juntos para que San Luis siga teniendo este régimen promocional y se generen nuevos puestos de trabajo. Porque si crece la desocupación, el costo recae en las espaldas del Estado".