Gustavo Salvador Agüero, de 32 años, salteño de nacimiento, soltero y conocido por los alias de "Cabo" o "Mecha" fue condenado a la pena de 8 años de prisión por el delito de trata de personas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 tuvo como probado que el acusado, actualmente detenido en el penal de Boulogne Sur Mer, era autor responsable del delito de trata de personas, previsto y reprimido por el artículo 145 bis del Código Penal (que habla de captar, transportar o trasladar, dentro del país o desde o hacia el exterior, acoger o recibir, con fines de explotación), en concordancia con el artículo 4 de la ley 26.364, que hace mención a mantener a una persona "en condición de esclavitud o servidumbre o se la obligue a realizar trabajos o servicios forzados o cuando se promueva, facilite, desarrolle o se obtenga provecho de cualquier forma de comercio sexual".

El final

Fue el 25 de octubre de 2012, cuando Mónica Noemí M. (18), pidió auxilio en un baño de la Terminal de ómnibus de Mendoza. Allí la empleada le dijo que se mantuviera adentro mientras ella fue a buscar a la Policía. Después, ante los efectivos, la joven explicó que había sido traída desde Salta por el acusado que, sin sospechar lo que pasaba, la esperaba en uno de los andenes de la Terminal del Sol.

A los pocos minutos el hombre fue detenido y el trámite tuvo su continuidad en sede judicial.

El principio

En la instrucción quedó demostrado que Agüero captó -un mes antes- mediante violencia física y amenazas a la joven con fines de explotarla, al principio sexualmente y luego laboralmente.

Lo primero ocurrió en el prostíbulo "El Gauchito Gil" que la madre del ahora condenado regentea en la localidad salteña de General Güemes, donde fue golpeada y bajo amenaza fue obligada a atender hasta diez clientes por día, sin recibir dinero alguno. La continuidad tuvo como escenario una finca de La Pega, en Lavalle, a donde llegó el hombre con la mujer.

En tierra mendocina la víctima fue encerrada en una pieza sin baño ni comida, sumándole la agravante de que el acusado abusó de ella en reiteradas oportunidades bajo la amenaza de un cuchillo (elemento que fue encontrado en la requisa policial) y más tarde obligada a trabajar la tierra en una finca.

Así, la fiscal Patricia Santoni, durante su alegato, se extendió en la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la joven, dando por probado que sus declaraciones "fueron coincidentes" a lo largo de todo este tiempo, incluyendo el testimonio que brindó, vía teleconferencia desde Jujuy, durante el debate.

Y así lo remarcó cuando pidió una pena de 8 años de prisión.

La defensa

En el otro extremo se ubicó el abogado oficial Juan Ignacio Pérez Cursi, que buscó desarticular el argumento del ministerio público y poniendo a Agüero en la misma situación de pobreza que lo hacía "tan endeble" como la mujer.

Desde su posición dio como ciertos los dichos de su defendido, desvirtuando los estudios psicológicos a que había sido sometida la víctima y las pericias que no indicaban las lesiones que hubieran convalidado los malos tratos y golpes denunciados por la joven. Tras ello, como era de imaginar, pidió al Tribunal la absolución del hombre.

Después de una extensa deliberación en secreto, los jueces Raúl Fourcade, Alejandro Piña y Héctor Cortés dieron a conocer la condena, postergando para dentro de cinco días la lectura de los fundamentos.

Al final, Agüero fue esposado y escoltado por tres efectivos penitenciarios hasta el ascensor que lo llevó primero a los calabozos de los Tribunales Federales y después al penal mendocino. Mientras tanto en Jujuy, provincia donde hoy reside Mónica Noemí M., la joven esperaba este fallo, que le pone punto final a su triste historia, sin que ello signifique olvidar el calvario que le tocó vivir tanto en Salta cuanto en Mendoza.

Casi 60 condenas en el país

Por el delito de trata de personas hay 58 condenas dictadas en todo el país. Sólo cuatro son por explotación laboral y el resto por explotación sexual. 

Además, existen cerca de 200 procesamientos dictados en Argentina por el delito de trata, de los cuales un 70% son por explotación sexual y un 30% por explotación laboral. Estos son dos procedimientos distintos, "la explotación sexual necesita mostrar el prostíbulo, mientras que la trata laboral es más difícil de detectar y de investigar porque se da en lugares cerrados a los que no se puede ingresar si no es por una inspección o un allanamiento".

De acuerdo a datos oficiales desde la sanción de la ley 26.364 (año 2008) hasta abril de este año se han rescatado 6.604 víctimas de trata en más de 3.000 procedimientos.

Casos en Mendoza

En mayo de 2011, dos hombres y dos mujeres fueron condenados a penas de entre dos y cuatro años y medio de prisión por haber obligado a seis mujeres a trabajar como prostitutas en un cabaret de San Rafael, en el primer juicio oral por trata de personas realizado en Mendoza, el segundo de este tipo en el país.

El Tribunal Oral Federal  condenó a cuatro años y medio de cárcel a Nélida Florentina Carrizo (dueña del cabaret Flash Dance) y Omar Reynaldo Barrera; cuatro años a Pedro Antonio Alcalde y dos años de prisión en suspenso a Elia Roxana Alcalde.