Un aporte de la Universidad y las partes para crear un fondo y pagar los honorarios de los abogados de los terceros destrabó el convenio. Con eso resuelto, ahora sólo resta la redacción final del texto.
Luego de innumerables reuniones y otras tantas audiencias, finalmente se logró quitar del medio el último obstáculo serio: los honorarios de los terceros obligados.
Según confirmó este medio, la solución llegó de la mano de un aporte de la Universidad sumado a otro que realizaron las partes. La primera, luego de una gestión del rector Oscar Spada, sumó 100 mil pesos, mientras que los demás aportaron otros $50 mil. En total, fueron $150 mil para afrontar los honorarios de cuatro profesionales que representan a los seis terceros que además están procesados en la causa penal.
Ese último monto fue el que trabó hasta aquí la conciliación que ya tenía todo acordado en los aspectos legales y en los montos indemnizatorios para los familiares de las víctimas.
Es que los terceros obligados insistían en que ellos habían sido llevados al proceso por la Universidad cuando contestó la demanda de Claudio Ceballos, viudo de Liliana Giacomelli. Y entonces reclamaban que sea la entidad educativa la que afrontara el costo de sus abogados. La casa de altos estudios, por su parte, planteaba hasta aquí que no podía afrontar el costo de abogados de terceros.
Sin embargo, en los últimos días hubo un giro y finalmente se acordó crear un fondo para afrontar ese costo. Allí aportaron la Universidad y las partes y el escollo fue quitado.
Además, se acordó, según confiaron anoche a PUNTAL fuentes vinculadas a la causa, que los honorarios de los abogados de las familias serán afrontados por la empresa De Smet y la Universidad.
Ahora, el trabajo pasará por definir los términos del acuerdo que en un borrador y en trazos gruesos ya cuentan las partes implicadas. En la definición del escrito comenzarán a discutir los abogados que le pedirán al juez ad hoc, Enrique Magoia, una reunión para el próximo lunes y que allí se defina el documento. La intención es que la Universidad cuente con esto para el martes, cuando se vuelva a reunir el Consejo Superior, que pretenderá ver el último trazo de las negociaciones.
Pero además no quieren llegar al miércoles, cuando está prevista la próxima audiencia, sin tener todo cerrado. La intención es que ese día estén todas las condiciones para llegar y firmar el acuerdo.
Algunas de las partes intervinientes pretendían que esto se terminara ayer, pero desde la Universidad pidieron algunos días más para analizar detalladamente los términos.
El miércoles a las 9.30 volverán a juntarse para finalmente rubricar el entendimiento alcanzado, que además impide acciones legales a futuro.
Con esto, las familias de Mattea, Cardarelli, Baralla y Giacomelli percibirán las indemnizaciones correspondientes que en el caso de la casa de altos estudios demandará un plazo máximo de 60 días. Ahora, resta que avance la causa de la familia Politano que ya presentó la demanda civil y se estima que con el antecedente de las otras conciliaciones su curso será mucho más ágil. Incluso ya hubo acercamiento entre las partes intervinientes para garantizar esto.
Antes de retirarse de los tribunales federales, además de coincidir en que “todo está acordado”, los abogados quisieron destacar la actuación del juez ad hoc Enrique Magoia, a quien responsabilizan de haber logrado el acuerdo.
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