A la espera de definiciones de la Asociación Docentes de Santa Cruz -ADOSAC- y de la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica -AMET-, el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, auguró que la medida tenga buena acogida entre los docentes, ya que destacó, “tiene dos particularidades muy importantes, en principio, el restablecimiento del dictado de clases y poner fin a los descuentos, reintegrando el plazo comprendido por la disposición”.

Consultado en el caso de que no sea aceptada por las entidades, como se avizora por las resoluciones de las asambleas, el funcionario dijo por LU 12 Radio Río Gallegos que desde el organismo “quedaría el paso a una intimación, luego alguna sanción punitiva y después ya quedaría allanado el camino de la cuestión judicial, o algún otro mecanismo”.

Santibáñez advirtió que “la conciliación obligatoria está enmarcada en una ley madre, que es la 14786, que trata exclusivamente los conflictos que no se pueden encauzar, y muchos de sus artículos se replican en la ley nacional de paritaria docente y también en la ley provincial de paritarias, o sea que son análogas en su aplicación”.

El funcionario consideró que “se desinforma cuando algunos actores anteponen argumentos relacionados con la legalidad, la democracia y que a la hora de allanarse a lo que prevén las leyes, no lo hacen”, por lo que advirtió, “esta herramienta nos parece espectacular para tratar de encauzar el conflicto y tenemos la expectativa de que sea aceptada, pero tenemos el antecedente de que ADOSAC ya rechazó una conciliación obligatoria en 2007”.

En contraposición, señaló la posición del gobierno, de sentarse a la mesa siempre con medidas de fuerza dispuestas por las asociaciones sindicales.

En otro orden, evaluó que “es provocar un daño lo que se está haciendo en zona norte por parte de la ADOSAC, impidiendo el trabajo de los petroleros y la producción de hidrocarburos, cuando la provincia tiene su sustentabilidad en las regalías hidrocarburíferas, y se contrapone en principio a lo que ellos plantean, que es una reivindicación salarial”.

Para Santibáñez, “acá hay algo más, sino no se entiende la actitud de la ADOSAC de generar un daño económico a la provincia, que es la que le paga los sueldos por otro lado”.

Sobre los argumentos gremiales en el sentido que al no declararse la ilegalidad de las medidas de fuerza, no corresponden los descuentos de los días caídos, el funcionario destacó los tres fallos judiciales que contuvo la disposición 204/11 de conciliación obligatoria en el conflicto docente, y los separó del derecho a huelga que, dijo, “ha sido respetado por el gobierno”.

Consultado asimismo por las acciones directas que están concretando por estos días los sectores en conflicto con la provincia, como la toma de edificios, cortes de ruta, entre otros, Santibáñez dijo que “desde la Secretaría mucho no podemos hacer, porque estamos ante situaciones que representan prácticamente delitos” y al respecto, dijo que “el Consejo Provincial de Educación ha hecho una denuncia penal y en similares términos estaría trabajando el Ministerio de Salud”.