Sonaron claras y contundentes. Las palabras del ex militar Luis De Urquiza fueron un pequeño adelanto de lo que sucederá hoy en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF). El abogado fue el primero de los 41 imputados de la megacausa "Arsenales II- Jefatura II" que hizo uso de la palabra, etapa que se reanudará desde las 9. El acusado se encuentra en el penal de Ezeiza, Buenos Aires, junto a otros siete detenidos (la comunicación se efectuó por videoconferencia). Tras contestar algunas preguntas sobre datos personales, prefirió no referirse a la causa. "No tengo claros los hechos que me imputan, por lo que no haré declaraciones", descartó.

De acuerdo con la acusación, se le adjudica ser autor mediato de la privación ilegitima de la libertad con apremios, tormentos agravados y homicidio triplemente agravado en perjuicio de Luis Alberto Soldati. Se trata de un joven que cumplía el servicio militar en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, de donde desapareció.

La jornada de ayer estuvo marcada por las idas y vueltas entre los abogados de la defensa y el TOF. Ocurre que tras deliberar, los vocales Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) rechazaron una decena de planteos y nulidades promovidos por las defensas que habían quedado pendientes. Entre ellas, la anulación de la síntesis de acusación fiscal y la separación de varios de los sospechosos. Luego, se leyeron las imputaciones "depuradas". Sucede que los defensores se habían quejado por algunas incongruencias entre los delitos imputados en el auto de elevación a juicio y el resumen presentado por los fiscales.

"Ahora tenemos una nueva pieza procesal y algunas cosas tampoco coinciden con las anteriores. El apuro de llegar a los tropezones hace que sigamos estancados en un derrotero de nulidades", reclamó el defensor oficial Ciro Lo Pinto. El letrado pidió un cuarto intermedio para analizar el nuevo documento. Explicó que no sólo se retiraron imputaciones sino que también se cambiaron los grados de participación. Requirió luego la nulidad del proceso, pero el pedido fue desestimado por los jueces. Luis Benedicto, que defiende a su hermano Juan Carlos Benedicto, recusó a todos los magistrados al entender que, al resolver las imputaciones, se arrogaron una facultad del Ministerio Público Fiscal. La recusación fue también rechazada por el TOF. Ambos anunciaron que recurrirían a la Cámara de Casación Penal, al Consejo de la Magistratura y, si era necesario, a la Corte Suprema de Justicia nacional.

Después, los defensores públicos pidieron el sobreseimiento de María Elena Guerra y Ramón Jodar. Argumentaron que los delitos de usurpación y de violación de domicilio, que respectivamente se les imputan, estarían prescriptos y no serían de lesa humanidad. Esta cuestión, finalmente, quedó pendiente de ser resuelta.

Elementos probatorios

La querellante Julia Vitar remarcó la importancia de las declaraciones de los imputados, sobre todo de los que se encuentran en Buenos Aires. "Veremos si se animan a declarar. Hay algunos, como Ramón Ojeda Fuentes o Alberto Montes de Oca, que tenían cargos de responsabilidad en el marco del Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en el ex Arsenal y, por lo tanto, es importante que estén en el juicio y, si es que declaran, escuchar lo que tienen para decir. Se podrían sacar elementos probatorios", resaltó. Por otro lado, advirtió que el reciente reconocimiento de los cuerpos de dos de las 134 víctimas del caso (Adriana Mitrovich y Horacio Ferreyra) podría introducir nuevas pruebas.

Los abogados representantes de familiares de desaparecidos presentaron ayer una nota en el Colegio de Abogados de la capital repudiando el apoyo que la institución brindó al defensor Facundo Maggio. "Afirmaron que podría estar en peligro el ejercicio de la profesión. En estos años sufrimos amenazas y el Colegio nunca nos respaldó", argumentó la letrada Vitar. Maggio había renunciado a un cargo en el Estado luego de que trascendió que defendía a imputados de la megacausa.

José chebaia (desaparecido)

Fue secuestrado de su casa el 24 de marzo del 76 por un grupo al mando de Roberto Albornoz. Según testigos, por órdenes de Antonio Bussi fue interrogado y ejecutado.

234 Crímenes por resolver

fidel correa (secuestrado)

Empleado del Ingenio Ñuñorco y delegado gremial, fue detenido en su trabajo en noviembre del 77. Fue llevado a la comisaría de Monteros y luego, trasladado a la Brigada. Fue liberado tras 9 días.

pedro corroto (Desaparecido)

El dirigente de la Juventud Peronista fue secuestrado de su casa en enero del 77. Estuvo en el ex ingenio Nueva Baviera y en la Jefatura de Policía. Habría sido ejecutado.

(Los nombres de las víctimas -y casos- aparecerán a diario por grupos, en el orden en el que figuran en los expedientes judiciales)

francisco diaz (secuestrado)

En diciembre del 75 fue sacado de su casa y llevado a la Brigada. Fue liberado y en el 76 fue nuevamente apresado. Estuvo en la Eudef, fue interrogado y luego liberado.