La magistrada afirmó que tiene varios objetivos de corto plazo por delante y destacó la "relación institucional" con los otros poderes.

Neuquén> Durante su primer día como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Graciela Martínez de Corvalán, aseguró que se siente totalmente “independiente” del Poder Ejecutivo. “Nosotros tenemos con el Gobierno, a nivel Poder Ejecutivo, y a nivel Poder Legislativo, una relación estrictamente institucional”, aseguró la flamante titular del máximo órgano de la Justicia neuquina, en diálogo con La Mañana.

Además, afirmó que Neuquén no se caracteriza por gestiones lentas, reveló que impulsa un diagnóstico del área y no le escapó a la autocrítica: "A veces los sistemas son obsoletos".

¿Cuáles son los objetivos que encarará el TSJ este año?

No voy a tener un objetivo personal, esto es un cuerpo colegiado. La política institucional prosigue, sea el presidente que sea. Igualmente siempre uno tiene objetivos que se van cumpliendo desde el año pasado, y que proseguiremos en este año. Hemos elaborado un plan quinquenal para establecer un diagnóstico de las debilidades y fortalezas que tiene el Poder Judicial, sus sectores críticos. Y con ese diagnóstico que se está confeccionando procederemos a hacer las correcciones necesarias, esto apunta al objetivo general que es lograr un servicio de justicia eficaz y rápido.

¿Qué sectores son los que presentan más falencias?

A veces tenemos sectores que judicialmente están bien, como por ejemplo el fuero de familia y las defensorías, pero ese funcionamiento no se corresponde con los tratamientos que deben efectuarse, que no los hace la Justicia. Si tengo una mujer con problemas de violencia familiar un fin de semana, y no tengo un albergue donde llevarla, o no tengo en ese momento la instrumentación de la medida, por ahí la Justicia no puede concluir satisfactoriamente por la falta de esos medios. Tiene que haber recursos. De nada sirve sólo detectar un problema de violencia si después no se hace un tratamiento de ese grupo familiar, y eso no lo hace la Justicia. Si no tenemos las políticas públicas para poder llevar adelante todo eso, es más dificultoso. Y entonces nuestra área se complica más, aunque esté bien dotada judicialmente.

¿Qué medidas tomará a corto plazo?

Tenemos objetivos concretos como son las reformas procesales, mejorar el control de gestión o redistribuir los recursos humanos. También seguir las relaciones con todas las organizaciones que corresponden o competen al Poder Judicial y tener políticas públicas articuladas con el resto de los poderes.

¿Cómo ve actualmente la relación de la Justicia con la sociedad?

Existe cierto descreimiento, cierta deslegitimación de la Justicia en la sociedad. Esto creo que es a nivel nacional, no solo provincial: lo ha dicho también la Corte Suprema al asumir la nueva composición. Esto se debe a varias cosas. Para empezar, a veces los sistemas son obsoletos en la Justicia, lo cual provoca un retraso que irrita a la ciudadanía. El sistema penal, que es de la seguridad, muchas veces se confunde con la prevención. Y entonces se le piden al Poder Judicial soluciones que en realidad pasan por políticas de prevención y políticas de seguridad, que exceden el marco de lo estrictamente judicial. Hay cosas que son ciertas, que uno tiene que asumir como reflexión, como autocrítica. Como por ejemplo que tampoco hemos sabido tener una relación con la prensa, que es la herramienta justa para podernos comunicar socialmente; creo que tuvimos algunas falencias en ese sentido. Y obviamente uno de lo que trata es de corregir esos errores para llegar a un buen puerto con la relación con la ciudadanía.

¿Y a nivel provincial como ve la relación con la sociedad? En el gobierno anterior se hablaba mucho de “jueces adeptos al Gobierno”…

No he escuchado esa frase de jueces de Gobierno, sí por supuesto siempre puede haber algún tipo de adjudicación de funcionarios con determinada adscripción política. Yo no lo veo en este caso en particular. Creo que no lo estamos viviendo ahora.

¿Se siente independiente del Ejecutivo?

Absolutamente. Nosotros tenemos con el Gobierno, a nivel Poder Ejecutivo, y a nivel Poder Legislativo, una relación estrictamente institucional, que pasa por los carriles de las relaciones lógicas que tenemos que tener. Por ejemplo con un Poder Legislativo que nos tiene que aprobar un presupuesto, con un Poder Ejecutivo con el cual tenemos que desarrollar muchas tareas en común, en materia de política criminal, política carcelaria, política de minoridad, lo que sea violencia de género, todas estas temáticas que son del Poder Ejecutivo son con las cuales nosotros tenemos relación. Pero esa relación es estrictamente institucional.

¿Cómo evalúa el tiempo de resolución de las causas?

Depende de las áreas, hay algunas más congestionadas que otras. Hay áreas que son más sensibles que otras: los juzgados de familia, las defensorías, son las áreas que nosotros tenemos con más recargo de conflicto humano que necesita urgencia. En los temas de causas con detenidos tenemos un promedio muy bueno en relación al resto del país, en nuestra provincia, en un año, las causas con detenidos están con sentencias en el 90% de las situaciones. Lo mismo ocurre con los juzgados penales juveniles. En civil y laboral a veces se produce más atraso porque es más complejo el sistema procesal, pero haciendo un método comparativo con otras provincias, Neuquén no se caracteriza por gestiones demasiado lentas.