No existe base jurídica que permita sostener la tarifa del estacionamiento medido”, fueron las palabras con las que el concejal radical Francisco Guiñazú abrió ayer la conferencia de prensa que convocó para referirse al tema. 

Una de las razones por las cuales el concejal considera “ilegal” el aumento es que el artículo que preveía las unidades monetarias que iba a costar el estacionamiento medido fue vetado por el intendente, Enrique Ponce, luego de las limitantes modificaciones introducidas por el radicalismo y Compromiso Federal a la ordenanza enviada por el Poder Ejecutivo. 

Ante este veto, el municipio dijo apoyarse en una ordenanza de 1996, la N° 2691, la cual lo autorizaba a fijar las calles, horarios y precios del sistema. Sin embargo, esta ordenanza fue una de las 1.700 que en septiembre del año pasado fueron derogadas por estar en desuso o desactualizados. “Es más, aunque estuviera vigente, tampoco era aplicable al caso porque solamente estaba prevista para el caso de que el servicio fuera concesionado a terceros, no a través del propio estado municipal, como está ocurriendo al día de la fecha”, señaló Guiñazú.

Ante este panorama, el edil presentó un proyecto de pedido de informe, para que el Poder Ejecutivo de a conocer, en un plazo no superior a las 72 horas, cuál es la base jurídica del sistema de estacionamiento medido. “Por eso creo que es importantísimo que el Poder Ejecutivo brinde un informe acabado, para, a partir de allí, ver que respuestas institucionales vamos a dar desde el Concejo Deliberante frente a este avasallamiento de las facultades propias que tiene para fijar tarifas”, dijo el edil, señalando que es el Poder Legislativo municipal el que debería fijar el funcionamiento del estacionamiento medido. 

“Por eso los vecinos que se vean afectados por esto, si se les levanta un acta de infracción, lo que deberían hacer es hacer inmediatamente el descargo ante el juez de Faltas y obviamente que no va a haber sanción”, finalizó el concejal, advirtiendo a los vecinos de la ciudad.