Recordó que se llegó a esta situación tras una auditoría integral coordinada por el EUCOP y realizada por la Secretaría del Agua y la Unidad de Control Interno (UCI), el Gobierno provincial advirtió que existía una situación de riesgo en la prestación del servicio y dispuso intervenir a la empresa concesionaria.

Luna Corzo explicó que el Estado Provincial "no intervino la empresa, sino algo que le es propio que es el servicio, y sobre el cual tiene la obligación política y jurídica de brindarlo adecuadamente". También señaló que con este objetivo se procedió a "afectar" bienes como las bombas, la planta de filtros y el personal necesario para realizar estas actividades.

El funcionario negó además que el Estado, a través de la Intervención, haya enajenado bienes de la concesionaria y aclaró que la mayoría de las bombas colocadas en las perforaciones y hasta la planta "Los filtros" son propiedad del Estado Provincial.

Finalmente, indicó además que la empresa recurrió "administrativamente" la intervención, lo cual deberá ser resuelto por la propia Función Ejecutiva, a través de sus autoridades competentes.