Ante el reclamo de los intendentes de la falta de cumplimiento de la Ley Arabel por parte del Gobierno provincial, cuestión que ha generado, incluso, parte de las demandas presentadas en la Justicia provincial, el Ejecutivo santacruceño admitió que la ley “es una norma sancionada, guste o no, y debemos cumplirla”, pero se planteará hacerlo en “su totalidad”, en referencia a las acreencias mutuas que ordena la ley realizar en su último artículo.

“Nos tenemos que sentar (municipios y Gobierno) para hacer estas acreencias, porque entre otras cosas, estamos intimados por la propia Caja de Previsión, porque no se realizan los aportes de los municipios a la Caja, lo cual me parece un eje central”, señaló el gobernador en rueda de prensa en la jornada de ayer.

“Vamos a tener que explicarle a cada intendente que tiene que aportar a la Caja y después hacer la cuenta de cuánto más y cuánto menos queda de la Ley Arabel, basados en los ingresos del año pasado como dice la ley”, señaló.

Agregó que la norma “entendemos que es un proceso previo a un ordenamiento general que debería darse si nosotros pudiéramos discutir la coparticipación con el Gobierno nacional: una nueva ley de coparticipación federal”, dijo Peralta y agregó “si nosotros pudiéramos lograr eso, discutiríamos distinto con los municipios de Santa Cruz”.

Aclaró que a su entendimiento, “hay muchas cosas que están pendientes, por eso la discusión tiene que ser más amplia, no puede agotarse en el incumplimiento, o no, de la Ley Arabel, porque la ley hay que cumplirla, nosotros vamos a reglamentarla y vamos a cumplirla, pero vamos a exigir a la vez lo que la misma ley dice en función de lo que significan, por ejemplo, los aportes a las cajas”, sostuvo.

Estos aportes impactan hoy en el orden de los 35 millones de pesos mensuales sólo en la Caja de Previsión, a lo que deberán sumarse 15 más para la obra social.

Las diferencias

La norma sancionada en mayo y ratificada en junio del año pasado plantea la creación de un fondo para la atención de los desequilibrios de los municipios, que debía ser integrado por un monto igual a la sumatoria de los adelantos de coparticipación realizados a la totalidad de las comunas durante el año anterior.

Esto implica que durante el año 2012, el Gobierno provincial debería haber atendido a los municipios con 562 millones de pesos y sólo lo hizo con 326 millones, por lo que la deuda con el conjunto de las comunas, en este concepto, está en el orden de los 236 millones de pesos.

En contrapartida, el concepto de aportes a las cajas no realizados, que los municipios en su conjunto dejaron de pagar, está en el orden de los 600 millones.