El proyecto fue acompañado con una nota dirigida al intendente Ricardo Moccero, en la que se solicita que “como representantes del pueblo interceda a la brevedad y en forma real ante las autoridades correspondientes a favor de los productores trigueros de nuestro distrito, sus pueblos rurales y la región, tomando el liderazgo para resolver una complicada situación que está perjudicando enormemente al interior de la Provincia”.

En la carta, firmada por el propio edil Guillermo Urruti, se agrega que “desde hace ya varios años, la comercialización de las producciones del campo vienen sufriendo permanentes, innecesarias y absurdas trabas, que lo único que hacen es dañar el trabajo y las posibilidades de progreso de nuestros habitantes”.

Añade el concejal que “la Argentina, nuestra provincia de Buenos Aires y por ende todas las localidades donde la siembra de trigo tiene un peso preponderante en la economía local, tienen una oportunidad real y creciente de poder producir más y mejor, pero necesitan de un Gobierno que motive y estimule a la cadena productiva. Nuestros productores necesitan como mínimo poder vender a un precio justo y real, derecho básico de quien -con esfuerzo- trabaja la tierra”.

Destaca Guillermo Urruti que “podemos depender muchas veces del clima, algo que saben bien los que producen, pero no de decisiones erráticas que entorpecen y castigan a la producción local, fuente de empleo y desarrollo en nuestros distritos. Más aún cuando el abastecimiento del mercado interno se encuentra totalmente garantizado. Las reiteradas promesas de ocuparse de estos temas, de parte del Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, no se han cumplido y nada se ha avanzado, y sigue primando la discrecionalidad del Secretario de Comercio, ante la alarmante pasividad del Gobernador y su ministro de Asuntos Agrarios”.

En el final, Urruti plantea que “por este medio reclamamos su activa participación (la del Intendente) para interceder ante las máximas autoridades para solucionar y eliminar en forma inmediata las trabas a la comercialización normal de los cereales, a través de acciones y propuestas concretas que garanticen el constitucional derecho de trabajar y muestren el compromiso de las autoridades con quienes invierten, siembran, producen y dan empleo”, para cerrar diciendo que “con decisión y responsabilidad le pedimos que, en vísperas de la nueva siembra de esta campaña de trigo 2011/2012, reclame firmemente que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su Ministro de Asuntos Agrarios representen y defiendan a los productores trigueros bonaerenses ante este constante avasallamiento de sus derechos”.

Por la educación

Además, el concejal Guillermo Sol logró el apoyo unánime de sus pares para aprobar una minuta de comunicación mediante la cual le solicita al Jefe comunal que interceda antes los directivos de la empresa VDA para facilitarles a todos los empleados en condiciones de cursar el nivel secundario educativo la disponibilidad de turnos de trabajo compatibles con el estudio.

Al fundamentar la iniciativa, el edil de Unión Pro expresó que “existe un número importante de trabajadores en la empresa VDA, que se encuentran cursando o en condiciones de cursar el nivel secundario educativo obligatorio”, agregando que “la ley de educación nacional 26.206, en su artículo 16, establece la obligatoriedad escolar en todo el país desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria”.

En ese sentido, expresó que “con el diseño de turnos rotativos de trabajo dificultan o impiden cursar dichos estudios”, resaltando que “es prioridad del estado garantizar el acceso a la educación de manera igualitaria a toda la población” y por tal razón le solicita al Intendente que haga las gestiones para lograr el cometido, que los trabajadores de la fábrica eleven sus conocimientos y de esa manera obtener mejores condiciones laborales.

Recipientes para la basura

En otra iniciativa del edil, también aprobada por unanimidad, se le exigió al Ejecutivo municipal que disponga la colocación de recipientes colectores de residuos en todas las plazas y/o parques públicos de la ciudad, en concordancia con los planes provinciales vigentes en la materia, con alcance a cada cuadra de la ciudad, para promover un medio ambiente sano y una ciudad limpia. En la misma norma, se establece que será la Secretaría de Obras Públicas la que determinará las bases en lo que hace a diseño y lugares de emplazamiento de los mismos.

La iniciativa del edil surge al advertir la ausencia de recipientes o colectores de residuos en algunas plazas, parques y cuadras de la ciudad de Coronel Suárez, razón por la cual reflexionó que “la ausencia de recipientes o colectores de residuos promueve que quienes concurren a estos espacios verdes al no tener donde arrojar los mismos, lo hagan en cualquier lugar”.

Y destaca que “la higiene de estos lugares debe ser controlada por el municipio, por cuestiones de salubridad y estética a través de tareas de mantenimiento control y promoción de conductas saludables por parte de los vecinos” y añade que “al no proveer a las plazas de los recipientes de residuos necesarios, se está promoviendo la contaminación del medio ambiente, y agrediendo a la naturaleza”.

¿Por qué no se trabaja en la ruta 67?

Tal como se informó, la empresa Burgwardt – Equimac paralizó los trabajos el 31 de mayo último y la razón es muy sencilla, desde agosto del año pasado el Gobierno nacional no paga las certificaciones de obras, adeudando a la fecha unos 24 millones de pesos. Ante esta realidad, la empresa que construye el tramo de la ruta 67 entre Coronel Suárez y La Colina despidió a 70 trabajadores, pagándoles todo lo que les adeudaban.

Esta situación preocupó al concejal Guillermo Urruti, quien presentó una minuta de comunicación, la cual fue aprobada por todos los bloques políticos, en donde le exigen al Jefe comunal que “informe acabadamente los motivos que llevaron a la paralización de la obra y retiro de maquinarias y campamentos”, pero además requiere que “se arbitren los medios necesarios para garantizar un mantenimiento adecuado de la ruta mientras dure la paralización de la obra”.

Al fundamentar el pedido, Urruti expresó que “existe cartelería que indica los plazos de obra y montos de presupuestos a ejecutarse”, sosteniendo con firmeza que “el estado de avance de la obra no se condice con dichos plazos”.

Por lo tanto, expresó que “la empresa concesionaria argumenta atrasos importantes en los pagos acordados como motivo fundamental de la paralización total de la obra. La misma levantó los campamentos y habría despedido cerca de setenta empleados. Está situación genera incertidumbre en el importante número de personas que trabajan directa o indirectamente en la obra y la inexistencia de señalización y el estado en que se encuentran las obras de los puentes sin terminar resultan extremadamente peligrosos”, por tal razón el concejal de Unión Pro exige al Ejecutivo municipal las explicaciones del caso.