Diputados opositores aprobaron una resolución donde indican que una parte de esos terrenos son provinciales. El FPCyS quiso dejar sin quórum la sesión para que no se apruebe el proyecto
La construcción de las cocheras semisoterradas en el Parque Alberdi de la ciudad de Santa Fe sumó ayer un nuevo capítulo político entre aquellos que están a favor y los que están en contra del proyecto avalado por el municipio. El escenario de la disputa fue la Legislatura provincial, donde el PJ aprobó un proyecto de resolución donde –entre otras cosas– se solicita a la gestión del intendente José Corral que se abstenga de realizar trabajos en un sector de dicho espacio verde porque son terrenos provinciales.
El proyecto generó malestar en el radicalismo, que arrastró al resto de los integrantes del Frente Progresista a levantarse de sus bancas para dejar sin quórum la sesión. La oposición tiene mayoría pero en ese momento varios de sus dirigentes no estaban en el edificio, con lo cual aprovecharon para hacer tiempo con algunas manifestaciones hasta tanto llegaron los que faltaban.
Una vez conseguido el número de diputados suficientes, entre los que había miembros del macrismo, se aprobó la resolución elaborada por el diputado Mario Lacava. En el Artículo 1º, se ratifica que “las fracciones de terrenos ubicadas en la ciudad de Santa Fe, lindantes con Avenida 27 de Febrero, al este; con Calle Falucho, al sur; con Avenida Rivadavia, al Oeste; y con el Parque Alberdi al norte (…), son de propiedad de la provincia”.
En el Artículo 2º se requiere “al Poder Ejecutivo que, si conforme a lo manifestado públicamente por distintos funcionarios, es voluntad del mismo transferir la propiedad y/o uso de dichos inmuebles a favor de la Municipalidad de Santa Fe, propicie el dictado de las normas legales pertinentes y suscriba los instrumentos jurídicos que posibiliten la transferencia del dominio o uso de los mismos”. O sea, que la Legislatura sea la que apruebe la transferencia de dominio, donación.
En tanto, el Artículo 3º establece “requerir al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Fe que se abstenga de realizar trabajos sobre los terrenos descriptos en el artículo primero, hasta tanto no se resuelva la situación dominial descripta”. Para Mario Lacava, son innumerables los documentos públicos que dan cuenta de la titularidad de los terrenos por parte del gobierno de la provincia.
En tal sentido, hizo un minucioso repaso de censos catastrales y otros elementos oficiales. Asimismo, indicó que “el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, contestó el oficio remitido por el juez Sodero en la Causa Asociación Centro de protección a la Naturaleza (Cepronat) contra la Municipalidad de Santa Fe sobre Recurso Contencioso Administrativo Sumario (Ley 10.000)”. Allí, el funcionario dijo: “El gobierno de la provincia no tiene sobre el inmueble en cuestión interés patrimonial, puesto que el mismo históricamente ha tenido y continúa teniendo destino de parque público de la ciudad de Santa Fe (Artículos 2.340 del Código Civil y 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades)”.
Lacava entiende que “el ministro no tiene facultades para decidir si el Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe tiene o no tiene interés patrimonial (expresión de dudoso alcance) respecto de los bienes del Estado. Así lo establece la ley de administración financiera en su Artículo 110 y más precisamente el final del Artículo 113, el cual dispone que para dar de baja bienes inmuebles la formalidad requerida es la ley”.
El dirigente de la oposición hizo también un análisis de las obligaciones y facultades que tiene el municipio, a la vez que otros de sus colegas, como Héctor Acuña y Leandro Busatto, se quejaron de la actitud política del FPCyS por no querer dar el debate e intentar dejar sin quórum a la sesión. No obstante esas definiciones, que en algunos casos fueron muy duras contra José Corral, Lacava concluyó: “Surge de las escrituras que no han sido modificadas (su titularidad) y por qué no se ha promovido el dictado de las normas necesarias para tal fin (como sí se ha hecho en ocasiones anteriores como lo hemos acreditado con la normativa citada), los terrenos en cuestión son de propiedad del Estado provincial”.



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