Frente al escándalo de Vatayón Militante, y a la fuga de dos represores condenados por delitos de lesa humanidad, no hubo ninguna reacción oficial salvo defender al director, Víctor Hortel. Fue la fuga de trece presos del penal de Ezeiza, una fuga cinematográfica que sólo parece concebible como producto de rancia corrupción, lo que acabó por decidir al oficialismo de que Hortel debía ser reemplazado. Pero, en vez de designar a alguien idóneo para el cargo, decidieron designar de nuevo a Alejandro Marambio, antiguo director de las cárceles federales entre 2007 y 2011.

Alguien con tantas denuncias por permitir, y alentar, la violación de los derechos humanos y la violencia en las cárceles, no debería haber sido jamás vuelto a elegir para un cargo de tanta relevancia. El Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, viene apuntándolas desde hace años, pero ha sido constantemente desoído por el gobierno nacional. Mugnolo ha denunciado a Marambio por permitir condiciones degradantes de detención, como el dejar encerrados a los presos durante todo el día en cuartos de dos metros cuadrados. También ha denunciado que, durante la gestión de Marambio, se enquistaron pésimas prácticas penitenciarias, violatorias a los Derechos Humanos, a las que se garantizó la impunidad. Del mismo modo, denunció que Marambio era reticente a que las ONG participaran en los centros penitenciarios.

El Gobierno pudo haber decidido pasar todos estos antecedentes por alto y volver a designar a Marambio, tal como lo hizo recientemente con César Milani, pero no puede borrar su pasado ni su gestión tan profundamente cuestionada. No puede borrar los indicios y las pruebas que lo señalan como absolutamente inidóneo para ocupar el cargo al que ha vuelto.

La UCR exhorta al gobierno nacional a que destituya inmediatamente a Alejandro Marambio, y que lo reemplace por alguien que demuestre tener respeto absoluto por la Constitución Nacional y los Derechos Humanos, y que no permita escándalos como el de Vatayón Militante.

El trato digno a los recluidos, y la exigencia de que las cárceles sean sanas y limpias, no es un capricho. Es algo totalmente indispensable para la convivencia social, el respeto por la dignidad humana, y para garantizar la seguridad.